El Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) que sustituye al llamado Seguro Popular desde el pasado 1 de enero, puede convertirse en una «riesgosa quimera» de los esfuerzos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador por universalizar los servicios de salud para los no derechohabientes, asegura el ex secretario de Hacienda, Carlos Urzúa.
«Al igual que sucede con otras recientes políticas públicas nacidas del mero voluntarismo, el diseño del Insabi carece del debido sustento normativo, financiero y operativo. Esto puede condenarlo a convertirse en una riesgosa quimera, como ya se ha percibido a escasos días de su puesta en operación», expone el ex funcionario en su columna para El Universal.
Conviene recordar que durante los primeros días del 2020 usuarios del Insabi alrededor del país han protestado en contra de que los servicios no son gratuitos como prometió el presidente, o bien, las cuotas aumentaron o sólo se da cobertura a los servicios más baratos.
Por otro lado, Urzúa considera que «el espíritu que está detrás del nuevo Insabi es, al final del día, la recentralización de los servicios de salud», que va en contra del proceso iniciado durante el siglo pasado y que concluyó con la creación del Seguro Popular.
LOS ERRORES
Las inconformidades que ha dejado el servicio brindado por el Insabi ha mostrado dos posturas por parte de los mandatarios estatales, destaca Urzúa.
«En el caso de algunos gobiernos estatales la nueva reforma es literalmente música para sus oídos, dada la carencia de recursos propios suficientes, la mala calidad de sus servicios médicos y la opacidad que priva en sus sistemas de salud».
Por otro lado, existen entidades que confían en la funcionalidad de sus sistemas de salud, tales como Aguascalientes, Baja California Sur, Guanajuato, Jalisco, Querétaro y Tamaulipas, quienes han manifestado de manera abierta su oposición a la reforma, lo que representa un riesgo para la continuidad del cambio legislativo.
Sin embargo, el primer error que el ex titular de Hacienda señala es que «el gobierno no ha señalado cuál será el esquema de financiamiento y el presupuesto del Insabi asignado para este año.
«Dado que el organismo no cuenta con contribuciones de seguridad social, sorprende que el Presupuesto de Egresos de la Federación no establezca el monto de los nuevos recursos y cómo se alinearían éstos con los del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud que por ley reciben los estados», precisa.
En este sentido, el segundo problema tiene que ver con la operación ya que no está claro el proceso de afiliación o sus criterios de elegibilidad.
«Estos datos básicos se requieren para el proceso de planeación mismo. Si no se tuvieran, se crearían entonces redes de atención no estructuradas, habría sobre —o sub— contrataciones de personal, y se comprarían medicamentos de más o de menos».
LAS CONSECUENCIAS
Para Urzúa, la incertidumbre es la consecuencia de la «falta de planeación» y no considerar un esquema transitorio que ayudara a dar certeza sobre la transferencia de fondos de la Federación a las entidades.
«La incertidumbre es tal que no se sabe si la Aportación Solidaria Federal y la Cuota Social que se transferían a las entidades se compensará con otros fondos», lo que llama «un limbo jurídico».
Al respecto, destaca que 85% de los recursos del Seguro Popular provenían de las arcas federales y el 15 por ciento restante de las entidades federativas.
«Este año un mexicano que no sea derechohabiente no sabrá a qué hospital acudir llegado el caso, ni cuál será el costo médico si hay tal, y ni siquiera si su póliza del Seguro Popular seguirá vigente. Este mismo desconcierto existirá en el personal médico de los estados, quienes tampoco tendrán reglas claras», concluye.
(diego joaquín)