CIUDAD DE MÉXICO 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 (El País).- El matrimonio igualitario ha generado una nueva división entre la sociedad mexicana, y es que a pesar de haber sido aprobado en la Ciudad de México en 2009 y avalo por el Supremo en 2015, los grupos conservadores han arreciado la lucha contra este tipo de uniones ante la propuesta del presidente Enrique Peña Nieto, de reformar la constitución para garantizar que las personas homosexuales puedan casarse y formar una familia.
En días recientes lanzaron una ofensiva contra toda familia que no esté compuesta por un hombre, una mujer y sus hijos, que ya tuvo respuesta, una manifestación -que no fue predominantemente gay- en favor de todo grupo familiar en el que haya amor y respeto, sin importar quiénes lo formen. A esta lucha se ha sumado un nuevo actor: las universidades.
Cuatro de las escuelas públicas de nivel superior más grandes del país lanzaron esta semana un pronunciamiento firmado en conjunto por sus rectores, en favor del Estado laico, de los derechos humanos y en contra de la discriminación:
La Universidad Nacional (UNAM), considerada como la mejor del país, entre las primeras cinco de Latinoamérica y entre las primeras 100 a nivel mundial.
La Universidad Autónoma Metropolitana, la segunda mejor del país, según el diario El Universal.
La Autónoma de Nuevo León y la de Guadalajara, ambas reconocidas a nivel nacional por su nivel académico. Destaca la última por su ubicación: la capital del occidental Estado de Jalisco, donde surgió el movimiento conservador ‘Frente Nacional por la Familia’, que intenta boicotear la iniciativa presidencial para reconocer el matrimonio gay en la Carta Magna.
Jalisco es una entidad típicamente conservadora, donde la religión católica mantiene una presencia importante y donde la división entre el poder y la iglesia es una línea todavía desdibujada.
Aunque la marcha por la familia tradicional se llevó a cabo en varias ciudades del país, Guadalajara es la más notoria por ser la promotora y por su posición: la segunda urbe más importante después de la capital, Ciudad de México.
La UdeG (como se conoce a la Universidad de Guadalajara) se adhirió al pronunciamiento en favor de la inclusión, en el que las escuelas se comprometieron a propiciar herramientas “para el diálogo informado y sustentado en evidencias científicas”, con una “firme posición” de respeto a los derechos humanos de todos los ciudadanos.
Las cuatro casas de estudios toman como sustento de su postura la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como los artículos 1 y 3 de la Constitución Mexicana, que prohíben la discriminación y especifican que la educación debe fomentar el respeto a los derechos humanos, por lo cual compete a las universidades participar de este debate sobre las familias homoparentales.
Los universitarios se refieren a los argumentos que los sectores conservadores de la sociedad han esgrimido contra el matrimonio entre personas homosexuales, y en general contra los gais: que causarán daño psicológico a los niños que adopten, que los convertirán en homosexuales, que los abandonarán una vez cumplido su «capricho» de tenerlos.
La iglesia se ha sumado abiertamente a la argumentación: el semanario católico Desde la fe publicó el 11 de septiembre un texto en el que asegura que el supuesto psicoterapeuta Richard Cohen puede «revertir la homosexualidad» mediante terapia y que la prueba es que lo hizo con él mismo.
La comunidad LGBTTI (Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero e Intersexual) se inconformó con esta publicación a través de una carta que la Arquidiócesis interpretó como censura, acusándolos de reprimir a quienes difieren de ellos y de intentar establecer una «dictadura gay» y el «imperio de la ideología de género», similar al estalinismo. Cohen tenía programada una conferencia para el próximo 6 de octubre en la Ciudad de México, que decidió cancelar luego de que el consejo local para Prevenir la Discriminación (Copred) se quejara también por las publicaciones de la iglesia.
Ante esto, el vocero de la Arquidiócesis, Hugo Valdemar, acusó al Copred y su similar nacional (Conapred) de generar un clima de «represión inquisitorial» y advirtió que dichos organismos, «cooptados» por la comunidad gay, podrían boicotear la siguiente marcha a favor de la familia tradicional, a celebrarse el próximo sábado 24.
Con información de El País