CIUDAD DE MÉXICO 11 DE NOVIEMBRE DE 2016 (La Silla Rota).- Los diputados federales lo volvieron hacer y se apartaron una bolsa millonaria para “moches” que asciende entre 9 y 10 mil 500 millones de pesos, que de manera discrecional se repartirán el próximo año.
Si esta cantidad se repartieran aritméticamente a cada uno de los 500 diputados le tocarían entre 18 y 21 millones de pesos que puede gastar sin un proceso de comprobación transparente.
Desde hace algunos años los diputados federales, durante la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación, se apartan bolsas millonarias que son usadas a discreción y con los que negocian diezmos con gobiernos estatales, municipales o hasta con contratistas.
En el Presupuesto de Egresos de la Federación 2017, aprobado este jueves, los legisladores usaron el Ramo 23 para etiquetar 9 mil millones de pesos en un rubro poco transparente que denominaron “Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal”.
Además, tienen otra bolsa por mil 500 millones de pesos en una ampliación que dan para cultura, la cual los mismo legisladores sostiene que también es susceptible para usar a discreción.
El amparo
Como antecedente a esta bolsa millonaria que se volvieron a entregar los legisladores, diversas organizaciones de la sociedad civil interpusieron un amparo contra la propia Cámara de Diputados.
En febrero, diversas Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) interpusieron un juicio de amparo en contra los diputados federales, con el fin de frenar los moches entre los diputados federales.
El juicio de amparo fue promovido por el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), el Instituto Mexicano para la Competitividad y México Evalúa, los cuales designaron a Juan E. Pardinas como su representante, con el apoyo de los abogados Gabriela Ríos Granado y José Roldán Xopa, y el economista Jorge A. Chávez Presa.
Estas OSC sostienen que los fondos creados por los diputados se distribuyeron el Ramo 23 del PEF-2016, un rubro que se conoce por poca rigidez respecto a sus objetivos, reglas de operación o mecanismos de evaluación claros.
Trabas
Ante esta acción, la Procuraduría Fiscal de la Federación interpuso un recurso de queja contra la admisión del amparo promovido por las OCS, pero fue declarado sin fundamento en mayo pasado por el Tribunal Colegiado Décimo Sexto de Circuito en Materia Administrativa.
Ante estas eventualidades, la resolución de fondo del juicio de amparo se retrasó durante dos meses y luego el Juzgado de Distrito que conoció inicialmente el amparo, fijó como nueva fecha para la audiencia constitucional el 7 de julio, con el fin de resolver la cuestión de fondo del amparo.
Sin embargo, el amparo sigue sin resolverse y ahora está en peligro de perder su validez porque el Congreso aprobó, sin atender las demandas de las ONG, el paquete económico 2017, donde nuevamente se aprobaron recursos para “moches”.