Expertos constitucionalistas consideraron que asignar un espacio físico a la Guardia Nacional dentro de la Cámara de Diputados sí representa un riesgo porque antes de que concluya el sexenio, este grupo de las fuerzas armadas pasaría a manos de la Defensa. Consultados por La Silla Rota así explicaron las razones que ponen en duda la decisión de instalar un cuartel de poco más de 230 metros cuadrados en la zona de Basamento del edificio E.
La Silla Rota publicó este martes este reportaje con base en dos contratos de junio y diciembre 2021 de los cuales tiene copia. Cabe mencionar que el presidente de esta Cámara, Sergio Gutiérrez, justificó lo anterior al señalar que se trata de acciones que se limitan a brindar seguridad exterior en las calles aledañas en beneficio de los trabajadores del lugar.
Raúl Mejía, investigador del Instituto para el Fortalecimiento del Derecho y académico del CIDE, afirmó «a mí no me gusta la idea; son de estos elementos que primera vista parecerían inocuos pero que en el fondo son muy importantes».
Expuso que no existe ninguna condición que justifique tener un cuartel de la GN en San Lázaro. «En principio, porque el proyecto de GN terminará siendo una rama del Ejército, entonces la cosa se pone peor porque vamos perdiendo espacios que normalmente son espacios civiles. Pareciera que en el discurso oficial hay una condición de necesidad: que las aduanas pasen al Ejército, que los puertos pasen al Ejército porque tenemos narcos que no queremos combatir. Y pareciera que, aunque no es ejército sino GN, todos sabemos que está militarizada».
El constitucionalista agregó que el mismo caso se repite en el espacio aéreo, así como construcción de obra pública e infraestructura por parte del gobierno federal.
«Entonces después de todo esto ¿Qué nos queda a los civiles como espacios libres, tanto presencia policial como de particular o militar? Como lo entiendo parece que normalizan la presencia militar en lugares donde normalmente está no estaba ni permitida», dijo.
Agregó que Gutiérrez, como presidente de la Cámara de Diputados, tampoco debería permitir una situación así «porque la policía federal básicamente responde al mando del Poder Ejecutivo. El Congreso no debería tener dentro de sus instalaciones un cuartel de una fuerza que finalmente responderá a las órdenes del presidente».
Respecto a las posturas que señalaron hoy legisladores en el sentido de que desconocían dichos contratos o que realizarán una investigación, Mejía subrayó que generalmente el partido mayoritario es quien lleva mano en los temas administrativos. «El Congreso es la casa de la democracia mexicana, donde se generan los acuerdos políticos. No tiene por qué tener necesidad de un cuartel permanente de la GN. Ojalá se pueda echar atrás una decisión de este tipo».
NO FUE UN DESCUIDO
Horacio Vives, profesor de Ciencia Política del ITAM, calificó el tema como delicado por ir en contra de la Ley Orgánica del Congreso que establece que en casos excepcionales la presidencia de la Mesa Directiva puede llamar a la fuerza pública para poner orden.
El hecho de tener a la GN allí viola la autonomía de los recintos parlamentarios, me parece que es una suerte de amago y eventual amenaza contra la libertad que deben de tener los representantes populares, sean senadores o diputados. Se trataría de un paso más de militarización dentro de la vida civil y pública en México
Añadió que, si bien los legisladores no pueden estar enterados en tiempo real de las decisiones de algunas áreas administrativas, no es aceptable que se tomen decisiones que violan la autonomía del recinto parlamentario.
«Esto no es un descuido, es un asunto de la mayor importancia. Sí, se debe contar con las necesidades de comodidad e higiene y todo lo que se requiera para el personal de seguridad; pero éste tiene un perfil muy específico, debería ser un personal de tipo civil y no de perfil militar ¡Eso es lo delicado del asunto! No se trata de una compra, adquisición o remodelación cualquier espacio; sino que tiene una importancia política porque claramente significa volver a cambiar la relación de fuerza cívico-militar. Y eso no es menor en la vida pública en México y más en el poder legislativo».
¿CUARTEL O PSEUDO-CUARTEL?
El vicepresidente del Colegio de Abogados de México, Tulio Salanueva, se refirió a los legisladores que señalan que la Policía Federal (hoy GN) ya estaba antes en este Congreso. «Me llama la atención que dicen que la GN ya estaba instalada en el Palacio Legislativo; habría que ser muy puntual en que ningún cuerpo de seguridad puede entrar si no es por orden o petición del presidente de la Cámara. ¿Entonces qué será? ¿Un cuartel o pseudo cuartel el que se instalará en uno de los estacionamientos de la Cámara?», cuestionó.
Respecto a los contratos que amparan esta obra dijo «se trata de contratos que, arriba de 5 millones de pesos, deben ser licitados o por invitación a tres proveedores, de manera abierta y pública. Habrá que revisar si cumplen con este requisito». Finalmente, consideró que por el monto de ambos contratos (6.2 millones de pesos) difícilmente los legisladores pueden justificar desconocerlos.