A pocos días de que la Cámara de Diputados dicte su resolución sobre la reforma al Poder Judicial de la Federación, que propone la elección de jueces, magistrados y ministros, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña Hernández, defendió la independencia judicial como esencial para la protección de derechos y mantener la democracia constitucional.
Durante la clausura del “Encuentro Internacional sobre Independencia Judicial: Reflexiones desde la Judicatura“, la presidenta de la SCJN afirmó que la independencia judicial es un derecho humano fundamental. Además, coincidió con el representante de la ONU para los Derechos Humanos, Jesús Peña García, en que sin esta independencia judicial, el derecho se distorsiona y pierde su integridad.
La ministra también resaltó que la independencia judicial es crucial para cumplir con el ideal de José María Morelos y Pavón:
“Que todo aquel que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo defienda contra el fuerte y el arbitrario”.
REFORMA JUDICIAL A DEBATE – SIGUE LA COBERTURA COMPLETA
Asimismo, destacó la necesidad de un Poder Judicial compuesto por jueces bien capacitados y en constante formación, capaces de interpretar las normas con perspectiva de derechos, y que puedan garantizar la protección de esos derechos sin temor a poner en riesgo su carrera, su libertad e incluso su vida propia.
“Justamente es necesario un Poder Judicial independiente, de personas juzgadoras con una sólida preparación en constante formación, que sean capaces de interpretar las normas con perspectiva de derechos y que tenga la garantía de que proteger esos derechos no les costará su carrera, su libertad e incluso su vida propia”, expresó.
“Iniciativa presidencial podría poner en peligro la independencia judicial”
Por su parte, Margaret Satterthwaite, Relatora Especial de la ONU sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, advirtió que la iniciativa presidencial podría poner en peligro la independencia judicial.
Satterthwaite expresó su preocupación por la nueva propuesta de elegir por el voto popular a más de 1,600 jueces y magistrados, señalando que esta metodología podría no garantizar que se elijan a los candidatos más aptos. También alertó sobre los riesgos de reemplazar “de manera abrupta” a los jueces actuales.
“Puede retrasar la justicia para los ciudadanos que están esperando una resolución y puede violar también sus derechos a un juicio justo”, señaló.
En este contexto, la doctora Adriana García García, del Centro de Investigación y Docencia Económicas, alertó que la sustitución masiva de los actuales jueces en México podía provocar “un vacío a la justicia y una violación flagrante a los estándares internacionales”.