PACHUCA. – Gabriela Hernández Esparza relató que hace cinco años su expareja se llevó a la hija de ambos y desde entonces no ha logrado la custodia de su pequeña mediante el juicio familiar 1219/2017, pero ya recibió una notificación por pensión alimenticia cuya cifra asciende a los 150 mil pesos, dijo en entrevista con LSR Hidalgo.
La madre de familia no tiene un empleo formal. En años pasados se dedicó a limpieza de casas y actualmente ayuda en una cocina económica donde gana 900 pesos semanales que usa para sus gastos diarios y mantener a su otro hijo de dos años, pero que le les insuficiente para subsanar la pensión alimenticia que reclama su expareja.
Gabriela mencionó que su juicio se lleva a cabo en el Juzgado Tercero Familiar de Pachuca que encabeza la jueza Erika Acuña Reyes y realizó un llamado para que su caso se juzgue con perspectiva de género al ser una víctima de violencia vicaria, la cual se ejerce contra las hijas o hijos de una mujer con el fin de dañarlas, controlarlas o manipularlas.
CRONOLOGÍA DE HECHOS
La hija de Gabriela tiene 12 años y cursa el primer grado de secundaria. Desde hace cinco años permanece con su papá porque a él le otorgaron la guarda y custodia provisional, a pesar de que ya había sido denunciado por violencia.
El 15 de agosto de 2017, Gabriela asistió al Centro de Justicia para Mujeres del Estado de Hidalgo para iniciar una investigación por violencia familiar en contra de Christian N, su ex pareja y padre de la hija de ambos.
El procedimiento quedó radicado en la carpeta NUC 12-2017-11059 y le asignaron a la defensora de oficio Mireya Santuario Vera.
Un mes después, el 27 de septiembre de 2017, empezó su procedimiento ante el Poder Judicial del Estado de Hidalgo para obtener la guarda y custodia de su hija, pues meses antes, el padre se la llevó y le impedía verla.
El 8 de noviembre de ese mismo año, en una audiencia celebrada en el Juzgado Tercero Familiar, decretaron la custodia provisional de la pequeña en favor de Christian N.
“El juzgado determinó que mi hija de 7 años ya estaba en una edad de decidir y tomó su declaración de mi hija. Ella supuestamente no supo ni mi nombre y dijo que se sentía bien con su papá y que conmigo si quería convivir, pero poco”.
Además, le fijaron a Gabriela depositar pensión alimenticia por 2 mil 294 pesos mensuales y le decretaron convivencias los días sábados de las 15:00 a 18:00 horas.
LA DISTANCIA ENTRE MADRE E HIJA
Después de la resolución, los días de convivencia comenzaron a incumplirse durante 2018 y 2019. Gabriela relató que cada día de reunión, él asistía, pero sin la niña.
“Los fines de semana me buscaba, pero no llevaba a la niña con él, yo le preguntaba: ¿por qué no la traes? pero me decía que estaba en Zumpango (…) yo no estaba de acuerdo con eso, que estuviera con gente que no es su familia”, relató.
La dificultad para las convivencias se agudizó en la anualidad 2020 debido a la pandemia por covid-19, durante la contingencia sanitaria el contacto era vía telefónica.
“Cuando se presentó la pandemia y fue de donde él se agarró para decir: no podemos salir y únicamente era por teléfono”.
Con el tiempo, la madre relató que las llamadas ya no se las contestaban, también cree que con el paso de los años a su hija la han manipulado.
“Yo le hablaba por teléfono y un día ella me dijo que ya no le hablara. Yo la seguí buscando, pero ella ya ni siquiera estaba con él y cuando me contestaba era muy grosera”.
LA PENSIÓN
En noviembre de 2021, Gabriela indicó que recibió una notificación por falta de pensión, cuya cifra corresponde a 150 mil pesos por los años que no otorgó recursos económicos en favor de la menor.
Para el 24 de mayo de 2022, detalló que dio contestación al requerimiento y solicitó una reducción de pensión argumentando que se encuentra en una situación vulnerable y carece de un trabajo formal.
“Mi abogada ingresó que se me juzgara con perspectiva de género porque me encuentro en una situación vulnerable, tengo otro bebé de casi dos años. Pido que se le juzgue con perspectiva de género, él está exigiendo algo y no está cumpliendo con dejarme ver a mi hija”.
También teme que, a raíz del tema de la pensión, el padre de la menor inicie un procedimiento por la vía penal por incumplimiento de las obligaciones alimentarias que establece de tres a cinco años de prisión, así como la suspensión o pérdida de los derechos de familia, según el Código Penal para el Estado de Hidalgo.
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