CIUDAD DE MÉXICO 29 de ENERO de 2017 (La Silla Rota).- Luego de que el viernes Donald Trump, presidente de Estados Unidos, firmara una orden ejecutiva a fin de que se suspendiera la entrada de refugiados e inmigrantes calificados como ‘potenciales terroristas’ de siete naciones al país norteamericano, hubo reacciones de indignación tanto de ciudadanos como de Organizaciones No Gubernamentales (ONG’s).
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Tras la orden ejecutiva, se suspendió durante 120 días la entrada de todos los refugiados y por 90 la de siete países la de países con población predominantemente musulmana: Irán, Irak, Libia, Somalia, Siria, Yemen y Sudán.
En el caso de los procedentes de Siria, la suspensión de ingreso de sus ciudadanos a tierras estadunidenses se suspendió indefinidamente.
En consecuencia de la restricción de Trump, Irán respondió que rechazaría el ingreso de estadunidenses a su territorio durante tres meses.
Líneas aéreas como KLM, Qatar Airways, EgyptAir, Emirates, Etihad y Turkish Airlines rechazaron llevar a EU a ciudadanos de esos países.
A su vez, Francia y Gran Bretaña criticaron las medidas de Trump.
Impugnación
La acción legal fue impugnada en un tribunal por varias ONG después de que dos iraquíes fueron detenidos en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy, razón por la cual, en dicha terminal pasajeros organizaron una protesta.
Luego de lo anterior, Ann Donnelly, jueza de la Corte Federal Distrital de Brooklyn bloqueó parcialmente la deportación de algunos de los detenidos a sus naciones de origen pero hoy el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció que “la orden ejecutiva del presidente sigue en su lugar” y el gobierno de Estados Unidos retiene su derecho a rebuscar las visas del retenido en cualquier momento por seguridad nacional o seguridad pública”.
Mientras tanto, los detenidos han recibido visas o estatus de refugiados.
La respuesta del DHS fue que la orden ejecutiva afecta a una porción menor de viajeros internacionales y representa el primer paso para restablecer el control de Estados Unidos sobre sus fronteras y seguridad nacional.
En ese sentido arguyó que ningún extranjero en tierra extranjera, con vínculos de Estados Unidos, tiene un derecho total a demandar la entrada a Estados Unidos o en su defecto beneficios migratorios.
El fallo de la jueza Donnely no incide sobre la decisión de la administración Trump de suspender la entrada de los inmigrantes, sólo su deportación.
Abogados del Proyecto Internacional de Asistencia a Refugiados (IRAP) impugnaron el fin de semana ante la Corte la constitucionalidad de sus acciones y pidieron a los tribunales que sean puestas en suspenso.
El recurso legal fue hecho con un enfoque generalizado de tal manera que representaría los derechos de todos los refugiados inmigrantes que sean detenidos en los puertos de entrada al país tras la emisión de las órdenes ejecutivas.
El dictamen tuvo lugar en medio del surgimiento de protestas espontáneas en varias de las principales terminales de Estados Unidos, incluido en Nueva York y Dallas.