Por Dianeth Pérez Arreola
CIUDAD DE MÉXICO 14 DE JUNIO DE 2023 (AFN).- Defensores de derechos humanos y periodistas mexicanos, reunidos en la iniciativa de la Delegación de la Unión Europea en México, llamada #ProtejamosSusVoces, expresaron que el patrón de impunidad en los casos de acoso, muerte y agresiones impide que haya resultados en los programas de prevención.
Ana Lorena Delgadillo, de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, dijo que con el presidente Andrés Manuel López Obrador, las desapariciones alcanzaron la cifra de 42 mil casos, superando las 35 mil registradas con Enrique Peña Nieto y las 17 mil de la administración de Felipe Calderón.
Agregó que la impunidad histórica envía un mensaje a las fiscalías del país, donde las desapariciones forzadas no tienen castigo, e incluso, dijo, ahora están desapareciendo a las madres buscadoras y a las activistas por la tierra y el medio ambiente.
“La militarización del país ha incrementado las violaciones a los derechos humanos; hay un abandono absoluto de la justicia en esta administración”, opinó.
Además, pidió que en los programas de identificación forense no se deje fuera a las familias y a las organizaciones de la sociedad civil, al afirmar que estas son el mejor mecanismo de control.
La periodista de Chihuahua, Patricia Mayorga, manifestó que las campañas de desprestigio desde el poder se han incrementado, y que las descalificaciones a la prensa desde las conferencias presidenciales no abonan a mejorar la situación.
Denunció que la precarización del oficio incide para debilitar y acallar el periodismo crítico, y que cuando este se hace por medio de financiamiento internacional, se desacredita.
“No hay voluntad para regular la publicidad institucional y la usan para imponer una narrativa, por lo que los independientes ejercemos un periodismo de resistencia”, precisó.
La activista en el tema de migración, Brenda Ochoa Ortiz, señaló que de un tiempo a la fecha ya no sólo hay tránsito de personas de Centroamérica por nuestro país, sino de otros países y continentes, quienes también sufren graves violaciones de derechos humanos.
Remarcó que los migrantes se han convertido en moneda de cambio con cada acuerdo internacional en materia de migración y se usa a los militares para detenerlos. “No se ha podido tener diálogos de alto nivel, con quien sí tiene que ver con la toma de decisiones, y eso es un retroceso”, manifestó.
Isela González, defensora de tierra, territorio y medio ambiente, apuntó que defender los bosques, el agua, la flora y la fauna, así como los bienes culturales tangibles e intangibles puede representar el acoso, la muerte o el desplazamiento forzado.
Los intereses detrás de los procesos extractivos, forestales, mineros, de saqueo del agua son del ámbito económico, social y mediático. Ejemplificó con el caso de la dotación de un millón 300 mil litros de agua diarios para satisfacer las necesidades de agua de los humedales a empresas de Chiapas, privando a miles de familias de su derecho humano al agua.
Según un informe de Global Witness México, Brasil y Colombia son los países más peligrosos para defender la tierra y los recursos naturales, pues en los últimos 10 años han asesinado a 154 personas, 131 de ellos entre 2017 y 2021. Más del 50 por ciento eran indígenas, explicó.
González añadió que anteriormente el crimen organizado se dedicaba al cultivo y tráfico de estupefacientes, sin embargo, a la fecha se han diversificado de manera brutal con la tala ilegal, la protección a empresas mineras, trata de personas y secuestros, y una de las causas estructurales es la impunidad.
Propuso revisar y fortalecer las instituciones ambientales como Profepa y Semarnat, así como ir más allá de las medidas reactivas del mecanismo de protección a defensores de derechos humanos.
Teodomira Rosales, defensora de Guerrero, dijo que en esa entidad hay 26 mil 700 desplazados y que las empresas transnacionales se están llevando oro, litio y madera.
Sobre esto último, Juan Carlos Gutiérrez, de la organización IDHEAS, planteó a la delegación cuál es su papel cuando hay casos empresas europeas que cometen abusos en México, si hay algún llamado para que no queden impunes ante alguna responsabilidad.
La activista en el tema de género, Cecilia Solís, aseguró que México es un país sumamente corrupto, donde la impunidad empieza desde el propio presidente, y que la justicia es sumamente lenta.
André Rizo, consejero político de la delegación de la Unión Europea en México, informó que hay 11 proyectos en curso en materia de derechos humanos y hay convocatorias por 70 millones de pesos para acceso a la justicia, derechos de las víctimas de violencia, de trata y en el tema de desapariciones forzadas.
Los representantes de las embajadas de Italia, Suiza y Noruega agradecieron la oportunidad de poder conocer de primera mano la situación de defensores y periodistas, para poder plantear estas cuestiones en las recomendaciones de la Unión Europea a México, servir como caja de resonancia y seguir trabajando en apoyo y visibilización de las condiciones de trabajo.
Finalmente, organizaciones como Amnistía Internacional, Artículo 19, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia y Peace Brigades International, entre otras, expusieron sus programas de apoyo a los más de treinta asistentes, entre defensores y periodistas que acudieron desde varios estados del país.