Padres de los normalistas de Ayotzinapa acusan que, además de castigar a los responsables intelectuales y materiales de la desaparición de los 43 estudiantes, se debe sancionar a los funcionarios públicos que entonces habrían encubierto las investigaciones en torno y construyeron la llamada «verdad histórica» del caso; luego de que fueran identificados restos de Cristian Alfonso Rodríguez, uno de los jóvenes desaparecidos.
Este martes, La Fiscalía General de la República (FGR) informó que la Universidad de Innsbruck, en Austria, identificó en la «Barranca de la Carnicería» -a 800 metros del basurero en Cocula- una extremidad (pie derecho) de uno de los normalistas desaparecidos en 2014.
«Se debe de actuar y que caiga todo el peso de la ley sobre los autores materiales e intelectuales y contra quienes de cierta forma han obstruido las investigación y nos han mentido», dijo don Antonio Tizapa, padre de uno de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa.
En entrevista para el programa de radio Sergio y Lupita de El Heraldo, el padre Jorge Antonio Tizapa Legideño se refirió a la hipótesis dada a conocer por Jesús Murillo Karam, exprocurador de General de la República -de que los restos de los jóvenes habían sido incinerados en el basurero mencionado- como «la mentira histórica».
«No es fácil de la noche a la mañana construir una novela tan barata», expuso Tizapa. Y agregó que aunque las autoridades no son las que cometieron el homicidio, son responsables «por hacernos creer todo este show».
Lo que exigen al gobierno actual
«El gobierno de Enrique Peña Nieto lastimó tanto a las madres y a los padres de familia», aseguró, por su parte, Felipe de la Cruz, vocero de los padres de los normalistas de Ayotzinapa, por lo que la exigencia a la actual administración es que se castigue a los responsables.
El padre aseguró, ante Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, que aunque se avanza en las investigaciones, «los resultados son dolorosos». No obstante, dijo que pueden confiar en el actual gobierno luego de comenzar a vislumbrar el paradero de los estudiantes.
Reiteró también que para ellos el caso sigue siendo un crimen de Estado, pues las evidencias muestran el involucramiento de elementos de la Policía municipal y del Ejército.
De la Cruz dijo que ante la detención de José Ángel Casarrubias «El Mochomo» y la orden de aprehensión contra Tomás Zerón, ex director de la Agencia de Investigación Criminal, «se tiene que ejecutar la justicia».
(djh)