Avala Morena poner fin a fideicomiso de protección a periodistas
La eliminación del Fondo para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas (incluido en la ley del mismo nombre) que asciende a 250.3 millones de pesos, será entregada a la secretaria de Gobernación para su operación, según el dictamen que aprobó esta noche la comisión de presupuesto y que se someterá al voto del pleno el jueves.
La medida no fue bien recibida por legisladores de oposición quienes aseguraron que en el dictamen no había claridad del destino de los recursos. Sorprendió que a este bloque se sumó la morenista Rocío Barrera, quien señaló que de concretarse esta medida quedarían desprotegidos los propios integrantes del mecanismo. Según cifras oficiales asciende a poco más de mil 206 personas de los cuales la mayor parte son defensores de derechos humanos (820); el resto son periodistas (396) amenazados por su labor, así como algunos desplazados de sus entidades de origen por la violencia. Por eso adelantó que votaría en contra de este dictamen pues consideró que es una decisión equivocada realizada a partir de diagnósticos incompletos; reiteró que México es uno de los países considerados con mayor peligro para ejercer esta profesión; y negó ser una de las beneficiadas por este programa.
Por su parte el legislador de Movimiento Ciudadano, Tonatiuh Bravo, apuntó que finalizar un fideicomiso impedirá la aplicación de una política pública específica según la ley que lo acompañe. «Por eso el de periodistas, el de atención a víctimas, el de apoyo a desastres tienen al fideicomiso como el espacio donde se incuba el recurso para hacer frente a la responsabilidad legal que se establece en la ley».
El Comité de Protección a Periodistas (CPJ por sus siglas en inglés) adelantó que la medida abre la puerta para que la defensa y protección de los periodistas amenazados se politice; por lo que sugirió al Congreso no aprobar la medida, consideró Jan-Albert Hootsen representante del CPJ en México.
LA HISTORIA
El tema fue parte de la primera iniciativa elaborada por Morena en mayo. El fideicomiso a eliminar data de junio del 2012 y actualmente es operado por la secretaría de Hacienda y el banco del Bienestar.
Esta segunda iniciativa propone modificar los artículos 48, 50, 51 y 54 y la derogación de los artículos 52 y 53 de la ley para la protección de personas defensoras de los derechos humanos y periodistas.
Cita textual el dictamen señala en la página 4: «Se asigna a la secretaría de Gobernación la administración y operación del Fondo para la protección de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Esta dependencia emitiría las reglas de operación de este fondo en consulta con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana; la secretaría de Relaciones Exteriores así como la Fiscalía General de la República».
Agrega que, resultado de los parlamentos abiertos realizados en mayo, se consideró que «la importancia del mecanismo es notoria pues existen diversas recomendaciones internacionales a México para cumplir con su función y dotarlo de mayores recursos para garantizar su eficiencia».
En la página 14 el dictamen de la comisión de presupuesto destaca que, producto de los parlamentos abiertos sobre el tema, «el mecanismo salva vidas, necesita fortalecerse, ha estado en riesgo de quedarse sin recursos financieros y humanos, el 55% de los casos son servidores públicos quienes atacan a los defensores de derechos humanos y periodistas; los Derechos Humanos pueden y deben orientar la respuesta de los estados ante el covid-19 y el proceso de recuperación».
También advierte que de desaparecer este fondo se incrementa el riesgo de vida, integridad y seguridad de quienes están adscritos a este.
En sus artículos transitorios el dictamen aprobado en lo general con el voto mayoritario de Morena, señala que a partir de su entrada en vigor, cada dependencia contará con 30 días naturales para informar a la Tesorería de la Federación la totalidad de los recursos públicos federales que requerirá para esta nueva operación.
(djh)