El Congreso de Estados Unidos mostró preocupación por la corrupción y otro tipo de crímenes cometidos por políticos y exgobernadores mexicanos, de los cuales 20 se encuentran bajo investigación o están en la cárcel.
De acuerdo con el documento del Servicio de Análisis del Congreso de Estados Unidos denominado «México: Crimen Organizado y Organizaciones de Tráfico de Drogas» publicado en agosto pasado, durante los seis años del mandato del presidente Enrique Peña Nieto, entre 2012 y 2018, México cayó 32 lugares en el Índice de percepción de corrupción de Transparencia Internacional.
Los exgobernadores incluyen a Javier Duarte (2010-2016), de Veracruz, arrestado en Guatemala y extraditado a México en agosto de 2017. Las estimaciones del número de desaparecidos por la fuerza en Veracruz durante su mandato superan los 5 mil.
El exgobernador Roberto Borge, de Quintana Roo, (2010-2016) extraditado de Panamá por cargos de corrupción.
El exgobernador Tomás Yarrington de Tamaulipas (1999-2005) fue arrestado en Italia en 2017 y extraditado a la Estados Unidos en 2018 por cargos estadounidenses de tráfico de drogas, lavado de dinero y otros tipos de corrupción. Desde 2012 estaba bajo investigación por sus vínculos con el Cártel del Golfo y «Los Zetas» dentro de México.
El exgobernador del PRI César Duarte de Chihuahua (2010-2016) huyó de México y es un fugitivo internacional debido a millonarios desvíos según el actual mandatario Javier Corral Jurado.
El documento hace referencia a Reporte de Derechos Humanos en México 2018, en el que se señala que se abrieron investigaciones de «corrupción federales y estatales contra ex gobernador de Veracruz, Flavino Ríos.
EL PODER Y LAS LIGAS CON EL CRIMEN
Según un informe de abril de 2019 del proyecto Justicia en México de la Universidad de San Diego, «La capacidad de organizar los grupos criminales para prosperar dependen de manera crítica de la aquiescencia, la protección e incluso la participación activa de los corruptos funcionarios, así como élites corruptas del sector privado que comparten los beneficios de las actividades económicas ilícitas».
En México, los arrestos de la policía y otros funcionarios públicos acusados de cooperar con las organizaciones de narcotraficantes rara vez han derivado en condenas, aunque algunos casos importantes relacionados con la corrupción oficial han logrado resultados, se establece.
Se dice que las purgas de la policía municipal, estatal y federal de México no han podido librar de la corrupción a la policía.
«Cuando «El Chapo» Guzmán escapó por segunda vez de una prisión federal de máxima seguridad en 2015, el personal de la prisión fue arrestado. Finalmente, el director de la prisión fue despedido. Guzmán, quien dirigió el notorio Sinaloa durante décadas, fue extraditado a los Estados Unidos a principios de 2017. En febrero de 2019, fue condenado en un tribunal federal en Nueva York por múltiples cargos de operar una empresa criminal», se establece.
Y se agrega que testimonios incendiarios alegaron que ex altos funcionarios del gobierno mexicano aceptaron sobornos de Guzmán. Un testigo alegó que el entonces presidente Peña Nieto (2012-2016) recibió un soborno de 100 millones de dólares de Guzmán, algo que el expresidente de México negó y que algunos observadores ven como descabellada.
En el mismo juicio, Jesús «El Rey» Zambada, hermano de Ismael «El Mayo» Zambada, aseguró que pagó millones de dólares a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón. El llamado «superpolicía» fue detenido en Dallas, Texas, y en algunos días enfrentará su primera audiencia en una corte de Brooklyn, Nueva York.
fmma