CUERNAVACA, MORELOS 26 DE OCTUBRE DEL 2016 (WdC).- Diego Cruz Alonso, detenido en Madrid el pasado 10 de junio y conocido como unos de los integrantes de Los Porkys de Costa de Oro acusado de haber violado a una menor de edad en Veracruz, se negó hoy a ser extraditado porque la acusación responde a una elaborada extorsión del padre de Daphne
Durante su comparecencia ante la Audiencia Nacional española, Cruz Alonso explicó cómo el padre de la menor les sacó un arma, les amenazó de muerte, les pidió el dinero a cambio de no denunciarles y les obligó a grabar un vídeo disculpándose por una violación de la que se ha declarado cien por cien inocente.
La supuesta agresión contra Daphne Fernández ocurrió en Veracruz en enero de 2015, pero no se denunció hasta mayo de este año.
Cruz Alonso indicó que el padre de la víctima espió durante varias semanas a los jóvenes acusados de la violación en grupo, para luego extorsionarlos valiéndose de un socio que les citó en su despacho.
Ese día, según relató el acusado, el padre les dijo que si no depositaban 4 millones (no ha especificado de qué moneda), los mataba a todos, tras lo que les obligó a grabar un mensaje de disculpa.
Entre lágrimas, el acusado expresó su deseo de quedarse en España y que se le juzgue justamente.
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El joven detenido, que según su defensa tiene nacionalidad española, se inscribió en noviembre del año pasado en una universidad de Madrid, a donde se trasladó en marzo de 2016.
Cruz Alonso fue acusado en México de pederastia tumultuaria, puesto que los hechos se llevaron a cabo en acción conjunta con más personas, por lo que se puede enfrentar a una pena de entre 12 y 40 años de prisión según la legislación mexicana.
El presidente de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal, Alfonso Guevara, tiene un plazo de hasta 20 días para emitir su resolución tras haber escuchado a las partes, y en caso de concederse la defensa de Cruz Alonso podría impugnar la decisión al pleno de la Sala Penal de la Audiencia Nacional.
Tras ser resueltas las instancias judiciales, será el Consejo de Ministros del gobierno español el que decida si concede o no la extradición a México.