CIUDAD DE MÉXICO 10 DE JUNIO DE 2023 (LA SILLA ROTA).-Las investigaciones de la fiscalía General de la República (FGR) por el homicidio de cinco personas durante un operativo el pasado 18 de mayo en Nuevo Laredo, Tamaulipas, no son las primeras que se inician en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador por supuestas ejecuciones extrajudiciales en las que participaron soldados.
Informes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) documentan 998 enfrentamientos contra personas armadas en distintas entidades del país, entre el 1 de enero de 2019 y diciembre de 2022. El intercambio de balas originó la muerte de 37 militares; 776 agresores y 11 civiles ajenos a los hechos.
Además, 269 soldados resultaron heridos; 172 atacantes registraron lesiones y 38 personas que no tenían que ver en los hechos recibieron atención médica. En tanto, según los reportes, 820 agresores fueron capturados.
Al tomar como base los datos del Ejército y aplicarlos a los parámetros de medición de organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, así como instituciones de seguridad pública y procuración de justicia, se observa que el índice de letalidad del Ejército es de 4.5 agresores muertos por cada uno que es herido. Semejante a la del sexenio de Felipe Calderón, donde por cada 4.7 muertes en los enfrentamientos, solo fue lesionada una persona.
El índice de letalidad se obtiene de los homicidios registrados en enfrentamientos con el crimen organizado y a partir del número de personas heridas. Según los registros de la Sedena, Tamaulipas registra el mayor índice de letalidad de este sexenio. En esa entidad los soldados han matado a 18.91 personas por cada agresor lesionado en los distintos operativos y enfrentamientos que ha tenido con civiles armados.
La información de la Secretaría de la Defensa Nacional ubica a Tamaulipas como la entidad de mayor incidencia, al registrar 450 agresiones por parte de personas armadas en contra de los soldados durante este sexenio.
El historial
Comunicados enviados por la Secretaría de la Defensa Nacional describen distintos casos en los que los soldados supuestamente actuaron en apego a sus capacidades y en el marco de derecho durante enfrentamientos registraros con supuestos criminales. Sin embargo, las carpetas de investigación abiertas por la FGR muestran una realidad distinta.
Un ejemplo de ello se registró el 5 de septiembre de 2019 durante el homicidio de ocho personas durante un operativo conjunto del Centro de Análisis, Información y Estudios de Tamaulipas (CAIET), agentes de la Policía Estatal, así como de la Sedena en Nuevo Laredo.
Según el gobierno de Tamaulipas, así como la Secretaría de la Defensa Nacional, las personas abatidas formaban parte de la “Tropa del Infierno”, un grupo vinculado al Cártel del Noreste.
El Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDHNL) denunció que la muerte de tres mujeres y cinco hombres se originó a partir del allanamiento de un inmueble en el que fue torturada una persona de nombre Severiano.
El 15 de octubre de 2019, cuando un convoy militar se enfrentó a balazos con un grupo de presuntos criminales en Guerrero. El saldo fue de 15 personas muertas, una de ellas integrante de la Sedena.
La muerte de los 14 supuestos agresores fue en la comunidad de Tepochica, municipio de Iguala. Las imágenes difundidas en medios de comunicación muestran los cuerpos apilados en la batea de una camioneta, así como en el suelo.
Al siguiente día del enfrentamiento, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que antes de morir, un cabo lesionado en el operativo, disparó contra los agresores, lo que originó su muerte.
«Muy lamentable lo del enfrentamiento en Guerrero, la pérdida de vida, de 14 seres humanos, tengo el informe que es un tema que se da, vamos a decir, producto de una rutina de vigilancia de una patrulla del Ejército con un grupo, con una célula de presuntos delincuentes, y se encuentran frente a frente; le disparan al cabo que va adelante con la ametralladora, el que va encabezando el convoy, y lo hieren, él es quien al final pierde la vida, y él con la ametralladora todavía, herido, dispara y le quita la vida a los agresores. Ese es el informe que tengo”, comentó en Palacio Nacional el 16 de octubre de 2019.
Por el caso, el Ministerio Público de la Fiscalía General de la República abrió una carpeta de investigación por las distintas irregularidades registradas en el operativo que originó la muerte de los 14 civiles. Hasta el momento se desconoce si se presentó el expediente ante un juez o no se presentaron cargos contra los soldados.
En agosto de 2020 se dio a conocer la ejecución extrajudicial de por lo menos una persona en Nuevo Laredo un mes antes. El 3 de julio militares se enfrentaron con presuntos delincuentes en Boulevard Aeropuerto en la Colonia Los Fresnos.
La Secretaría de la Defensa Nacional informó que fueron abatidos 12 presuntos agresores. Videos dados a conocer sobre los hechos, muestran cómo, por lo menos una de esas personas es ejecutada por militares. Además, tres personas muertas no tenían relación con el crimen organizado.
En el primer trimestre de 2021, la Fiscalía General de la República inició dos investigaciones en contra de elementos del Ejército en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Una de las carpetas fue por los disparos de arma de fuego en contra de una camioneta en la que viajaban cuatro personas el 7 de febrero. El saldo fue de dos heridos y un muerto, identificado como Javier, de 20 años.
El segundo expediente fue abierto por la muerte de una persona identificada como Jacob. El joven de 26 años se trasladaba en un vehículo particular con Elena, su esposa, quien estaba embarazada. Mientras se dirigían al hospital fueron agredidos por soldados, quienes declararon ante el Ministerio Público que fueron agredidos por el crimen organizado. Los disparos mataron a Jacob.
En mayo de 2022 el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Tamaulipas, informó que, durante este 2022, se recibieron seis quejas en contra de la Sedena y la Guardia Nacional por violaciones a los derechos humanos. Los delitos incluyen abusos de autoridad, agresiones en contra de civiles, extorsiones, acoso, tortura y asesinato contra hombres, mujeres y menores de edad.
En febrero de 2022 cinco personas fueron encontradas sin vida momentos después de ser perseguidas por un convoy del Ejército en Nuevo Laredo. El caso fue atraído por la Fiscalía General de la República, que después de recabar datos presentó acusaciones