CIUDAD DE MÉXICO 25 DE OCTUBRE DEL 2016 (La Silla Rota).- Los diputados federales aprobaron laLey de Ingresos 2017, la cual contempla una bolsa adicional de más de 51 mil millones que, de acuerdo con los propios legisladores, servirán para “moches”, es decir, será dinero que se auto-entregarán para beneficios personales.
“Lo que se aprobó adicional (en la Ley de Ingresos) va para que los diputados tengan sus moches y esas cosas”, afirmó el secretario de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, Vidal Llerenas.
Lo mismo afirma el senador del PAN, Ernesto Cordero, quien agregó que el dinero que le corresponde a la bancada blanquiazul, mucho irá a parar a la promoción personal del líder nacional panista, Ricardo Anaya, quien es presionado para que defina una postura: o va por la candidatura presidencial de 2018 o renuncia a esa idea y se convierte en un dirigente imparcial.
En entrevista con La Silla Rota, ambos legisladores se pronunciaron a favor de que esta bolsa adicional y las posibles reasignaciones se etiqueten en rubros y anexos cien por ciento auditables.
El legislador de Morena, Vidal Llerenas, calificó de inaceptable que la mayoría de los diputados federales se hayan “inventado” una bolsa de 51 mil millones de pesos en el paquete de ingresos del próximo año.
“¿Cómo nos explicamos que se hayan inventado 51 mil millones de pesos de ingreso? La preocupación de los diputados fue juntar una bolsa de aire y repartirla entre ellos”, dijo.
Añadió que se pretende dar moches irresponsablemente a raíz del comportamiento del dólar norteamericano, lo que pone a la Ley de Ingresos y al Presupuesto de Egreso de la Federación 2017 en una situación muy especulativa, así como a la plataforma de producción petrolera, la cual “he venido cayendo”.
El legislador presagió que en las próximas semanas comenzará en San Lázaro la rebatiña por embolsarse recursos, que posiblemente sean alojados en el Ramo 23 del PEF-2016.
Dinero para promoción personal
Para el senador del PAN, Ernesto Cordero, los “moches” que se repartirán “groseramente” en San Lázaro, la parte que sea entregada a los diputados panistas, beneficiarán las aspiraciones personales del presidente nacional de Acción Nacional, Ricardo Anaya.
“No hay que ir muy lejos, ahorita mismo. En la Cámara de Diputados se amplió la Ley de Ingreso a casi 52 mil millones de pesos y groseramente ese dinero se lo van a repartir los partidos políticos, entre ellos mi partido político y será Anaya el que reparta ese dinero ¿a quién que se los va repartir, a qué presidente municipal o gobernador se los dará? Se los dará a quienes lo apoyen (en sus aspiraciones)”, dijo el senador.
Estos incentivos económicos, continúo Cordero, también servirán para la elección de candidatos internos a diputados, a senadores en 2018, donde los aspirantes serán a los que apoyen las aspiraciones del propio Anaya.
El amparo
Como antecedente a esta bolsa millonaria que podrían entregarse los legisladores el próximo año, diversas organizaciones de la sociedad civil interpusieron un amparo contra la propia Cámara de Diputados, para evitar este tipo de dispendio que sólo favorece económicamente a los propios legisladores.
Incluso, hay una petición para acelerar esta resolución judicial, pues ante la aprobación de la Ley de Ingresos 2017, se abre nuevamente la posibilidad de que los legisladores aprueben fondos para moches.
En febrero, diversas Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) interpusieron un juicio de amparo en contra los diputados federales, con el fin de frenar los moches entre los diputados federales.
El juicio de amparo es promovido por el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), el Instituto Mexicano para la Competitividad y México Evalúa, los cuales designaron a Juan E. Pardinas como su representante, con el apoyo de los abogados Gabriela Ríos Granado y José Roldán Xopa, y el economista Jorge A. Chávez Presa.
Estas OSC sostienen que los fondos creados por los diputados se distribuyeron el Ramo 23 del PEF-2016, un rubro que se conoce por poca rigidez respecto a sus objetivos, reglas de operación o mecanismos de evaluación claros.
Trabas
La Procuraduría Fiscal de la Federación interpuso un recurso de queja contra la admisión del amparo promovido por las OCS, pero fue declarado sin fundamento en mayo pasado por el Tribunal Colegiado Décimo Sexto de Circuito en Materia Administrativa.
Ante estas eventualidades, la resolución de fondo del juicio de amparo se retrasó durante dos meses y luego el Juzgado de Distrito que conoció inicialmente el amparo, fijó como nueva fecha para la audiencia constitucional el 7 de julio, con el fin de resolver la cuestión de fondo del amparo.
Sin embargo, el amparo sigue sin resolverse y ahora está en peligro de perder su validez por el Congreso está a días de aprobar el paquete económico 2017, donde nuevamente podría aprobarse recursos para “moches”.