POR: CARLA A. HUMPHREY JORDAN
Resultan alarmantes e indignantes las constantes violaciones a los derechos políticos de las mujeres en Chiapas y, más aún, que las autoridades locales no hagan nada por combatirla y sancionarla e incumplan las sentencias de autoridades jurisdiccionales en materia electoral.
Las presidentas municipales de Chenaló y Oxchuc, Rosa Pérez y María Gloria Sánchez, fueron restituidas en los cargos para los que legalmente fueron electas en julio de 2015, por sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al haberse acreditado que mediante violencia y amenazas fueron obligadas a renunciar a sus alcaldías. Las sentencias vinculan a las autoridades locales, particularmente a la Secretaría General de Gobierno, al Congreso de Chiapas y la Procuraduría General de Justicia del Estado, a generar las condiciones para que las alcaldesas sean restituidas en sus cargos.
Ha pasado ya más de un mes desde que la Sala Superior ordenó que las alcaldesas volvieran a sus cargos, con el pretexto de que no han podido notificarse las sentencias, las autoridades locales no han hecho nada para acatar las sentencias y restituir a las presidentas municipales en sus cargos. En un Estado constitucional y democrático de derecho no puede permitirse que las personas que fueron elegidas por la ciudadanía para ocupar un cargo público, no puedan ejercerlo porque son obligadas por medio de la violencia a renunciar a ellos, pero más grave aún es que después de que las mujeres acuden a las autoridades jurisdiccionales a defender sus derechos y obtienen una sentencia favorable, las autoridades incumplan con las sentencias del poder judicial que las vinculan.
A estos casos de incumplimiento de las autoridades en Chiapas se une, además, el del Senado de la República que desde el 31 de marzo de este año fue notificado de una sentencia de la Sala Superior en la que se hacía de su conocimiento el acoso laboral en contra de la Magistrada Yolanda Pedroza, con la finalidad que desde el ámbito de su competencia determinara las acciones conducentes en contra de los dos magistrados electorales que cometieron acoso laboral en contra de su par, en virtud de que desde la reforma constitucional de 2014, el Senado es el único encargado de determinar el número y nombrar, sin procedimiento alguno, a las y los magistrados electorales que integran los Tribunales Electorales de las entidades federativas.
Durante casi cinco meses, la Mesa Directiva del Senado ignoró la vista de la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral en el país. No le dio trámite alguno. No lo turnó, por ejemplo, a la Comisión de Justicia, que es la que elabora los dictámenes en los que se establece la idoneidad de las y los candidatos para ocupar una magistratura electoral a nivel local. A finales del mes de agosto la dirección jurídica del Senado respondió a la Sala Superior que carecían de competencia en esa materia, cuando el Pleno del Senado era el que estaba vinculado por la sentencia del Tribunal Electoral, sin que las y los senadores, según consta en la versión estenográfica de la sesión del 22 de septiembre, estuvieran enterados de la vista y mucho menos el trámite que se le dio, lo que motivó que se solicitara al presidente de la Mesa Directiva un informe sobre este asunto.
¿Qué tiene que pasar en nuestro país para que las mujeres podamos ejercer plenamente nuestros derechos políticos? ¿Qué tiene que hacer en México una mujer con una sentencia en la que se acredita la violencia a la que ha sido sometida para que consiga que se le restituya en su cargo o se sancione a los culpables? ¿Cómo debe proceder una mujer violentada para que las autoridades cumplan con sus obligaciones? ¿La supuesta falta de competencia de una autoridad hace que determinados funcionarios públicos sean impunes?
A pesar de que el Estado mexicano se encuentra obligado constitucional, legal e internacionalmente a combatir la violencia contra las mujeres, los poderes públicos en nuestro país incumplen diariamente con sus obligaciones en la materia y no sólo permiten sino que con sus omisiones alientan que se sigan cometiendo actos violentos en contra de las mujeres en nuestro país.
@C_Humphrey_J
@OpinionLSR