POR: ALEIDA CALLEJA
Varias voces en su momento advertimos del error que significaba el artículo transitorio décimo noveno de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR), que dejó en manos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) el diseño y la implementación de la transición a la Televisión Digital Terrestre (TDT) para la entrega de receptores para asegurar la cobertura universal y evitar que millones de personas se quedarán sin acceso a las nuevas señales digitales. Ese mismo artículo también dispuso que la población beneficiaria de dichos receptores sería definida por la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL).
En su momento afirmamos que ambas determinaciones daban lugar a un uso electorero de esa parte del programa de la TDT, en virtud de que existe suficiente experiencia documentada del uso clientelar por parte de los partidos políticos de los programas sociales para la gente de más escasos recursos, que comúnmente se conoce como la compra del voto. Lo indicado era que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), que sustituyó a la extinta Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL) llevara integralmente la política a la transición a la TDT.
Sin tomar en cuenta la experiencia exitosa del programa piloto llevado a cabo por la COFETEL para el apagón analógico en la ciudad de Tijuana en mayo de 2012, con la entrega de decodificadores para las familias más pobres que obtuvo una penetración de los equipos de un 92 por ciento de los hogares, la SCT sin mediar consulta alguna, determinó que en lugar de entregar decodificadores haría la entrega de televisores digitales porque supuestamente habría un ahorro de energía eléctrica para las familias pobres y podrían conectarse a internet. Hoy tenemos evidencia empírica de que esto último fue una falacia. En la comparecencia del Secretario de la dependencia, Gerardo Ruiz Esparza, en el Senado de la República el pasado 21 de septiembre, tuvo que aceptar que no tienen datos sobre cuantos de los televisores repartidos tienen posibilidad de conexión a internet.
El abrupto cambio de dotar de televisores en lugar de decodificadores tuvo un altísimo costo para el erario público, pues mientras en Tijuana el costo por familia de decodificadores era de cerca de mil pesos incluyendo la instalación, con los televisores digitales el costo subió inicialmente a mil 990 pesos por unidad, que luego subió a 2 mil 813 pesos, eso involucró un gasto de 28 mil 446 millones de pesos para 10 millones de aparatos que se regalaron en 2015, año en que hubo elecciones intermedias y se aprovechó el programa para su uso electoral como se había advertido: en las cajas se puso el lema y logo de la campaña del gobierno federal de “Mover a México”, para la entrega de los televisores se aprovechó para hacer actos partidarios y afirmar que los aparatos eran un “regalo” del presidente Peña Nieto.
La Auditoría Superior de la Federación ha documentado el dispendio de recursos, la mala repartición de los televisores, hubo familias que recibieron hasta tres, la falta de transparencia en todo el proceso y hasta posibles actos de corrupción. De manera más reciente, el 28 de septiembre el periódico estadounidense The Wall Street Journal, afirma contar con fuentes que acusan que funcionarios de la SCT recibieron sobornos para privilegiar a algunas empresas en los procesos de licitación de los televisores digitales.
En agosto pasado el comisionado del IFT Adolfo Cuevas Teja, presentó el informe “Análisis del proceso de transición a la Televisión Digital Terrestre”, que documenta el cúmulo de irregularidades de este proceso. Sin dejar de aceptar que el informe es correcto sus términos, resulta sorprendente que lo haya publicado en el portal de internet del IFT sin el acuerdo por lo menos del comisionado presidente Gabriel Contreras, quien públicamente manifestó su desacuerdo con dicho informe y aseveró que el análisis no responde a la posición institucional del IFT, por lo que cabe preguntarse cuál es el manejo político de cada actor en este entramado.
Por su parte Mónica Aspe, Subsecretaria de Comunicaciones de la SCT, declaró que “no es un documento avalado por IFETEL, institución profesional, sino una opinión personal y equivocada de Cuevas”, califico de deficiente el análisis del comisionado y se defendió aduciendo el cumplimiento de la ley para entregar televisiones digitales al 90% de hogares de escasos recursos definidos por la SEDESOL. Tiene razón la funcionaria al afirmar que cumplieron con la ley, pero tiene la obligación de decirnos cómo lo hicieron. Ella tiene que cargar ahora con los errores al cambio de la política a la TDT de pasar de los decodificadores a la entrega de televisores digitales, decisión tomada cuando era Subsecretario Ignacio Peralta, que estuvo más ocupado en sus aspiraciones políticas que lo llevaron a ser gobernador de Colima.
En este penoso espectáculo quien pierde es la sociedad, el tiempo nos dio la razón a quienes manifestamos lo errado que era darle a la SCT y a SEDESOL esta parte de la transición a la TDT, en estas semanas las dependencias todavía tendrán que entregar más aparatos y existen razonables dudas sobre la eficacia de este último tramo de la política. En todo caso el asunto no puede quedarse en meras denuncias, es obligación institucional y legal transparentar todo el proceso y fincar las responsabilidades a las que haya lugar.
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