POR: ROMINA ROMÁN PINEDA
CIUDAD DE MÉXICO 29 DE NOVIEMBRE DE 2016 (La Silla Rota).- La ilegal privatización de espacios públicos es la marca que distingue al gobierno de Miguel Ángel Mancera. En menoscabo de los intereses públicos, en su administración se ha dado preferencia a negocios particulares, y a la consiguiente acumulación de multimillonarias ganancias privadas. Además, este tipo de contratos, y el destino de los recursos públicos, han sido manejados con opacidad absoluta.
En Morena no nos oponemos a la inversión privada, ni a la legítima obtención de ganancias de los empresarios, siempre y cuando se ajusten al marco legal y respeten el Estado de Derecho. A lo que nos oponemos es al ilegítimo usufructo de los bienes y recursos públicos en beneficio de unos cuantos, inescrupulosos negociantes, las más de las veces vinculados con gobernantes corruptos.
En contraste con lo ocurrido en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en relación con la construcción del segundo piso, en la actualidad los segundos pisos son un ejemplo incuestionable de la falta de transparencia en gastos y recaudación del servicio.
En efecto, con el pretexto de que el gobierno carece de recursos para hacerse cargo de este tipo de proyectos, a partir del gobierno de Marcelo Ebrard los segundos pisos han sido concesionados a empresas privadas. Tales son los casos, por ejemplo, de la Autopista Urbana Norte y el Viaducto Bicentenario, las cuales en conjunto representaron, al primer trimestre de 2014, 39 por ciento de los ingresos de peaje y operación de la firma española OHL México.
Asimismo, al cierre de 2013, los ingresos derivados de la cuota de peaje de los primeros tramos de la Autopista Urbana Sur, propiedad de Carso, ascendieron a 146.3 millones de pesos, monto once veces superior al obtenido el año anterior, de acuerdo con una investigación del diario El Financiero.
En el último año, el precio del peaje creció, en algunos casos, hasta cuatro veces, como por ejemplo en la Autopista Urbana Norte, cuyo costo pasó de 1.32 pesos a 5.2 pesos por kilómetro. O el de la Supervía Poniente, que se incrementó 62 por ciento: de 38.80 pesos a 62 pesos.
Por tales razones, el grupo parlamentario de Morena en la Asamblea Legislativa ha propuesto que los segundos pisos sean gratuitos. Es inmoral, el colmo de la avaricia del gobierno capitalino y de sus cómplices, que los ciudadanos deban pagar para el derecho a transitar por sus propias calzadas. ¿Para qué sirven, entonces, los impuestos?
Otro caso similar es el de las fotomultas, concesionadas a la empresa Autotraffic, empresa que obtiene 46 por ciento de las ganancias adquiridas por concepto de imposición de multas, mismas que ascienden, de manera aproximada, a 200 millones de pesos mensuales.
Al día de hoy se han impuesto un millón 400 mil multas. Si se establece un promedio, por lo demás mesurado, de 500 pesos por sanción, puede estimarse una recaudación de 700 millones de pesos. Es decir, que por la instalación de cámaras y manejo de personal, Autotraffic se ha embolsado 322 millones de pesos netos.
Aceptando, sin conceder, que la instalación de fotomultas sea procedente, por las razones antes aludidas es a todas luces inocultable que se trata de un verdadero despojo al erario, porque este dinero debería destinarse al beneficio de los ciudadanos. Fue por estas causas que Morena acompañó a los ciudadanos en la recolecta de 65 mil firmas para derogar el Reglamento de Tránsito, voluntad popular a la que, como siempre, la administración de Miguel Ángel Mancera desechó.
Por otra parte, aunque la Asamblea Legislativa decidió que la operación de los parquímetros le fuera transferida a la Secretaría de Movilidad, cabe subrayar que el manejo del dinero obtenido por tal concepto ha carecido, por completo, de transparencia, toda vez que se desconoce su destino.
En el peor de los colmos posibles, el secretario de la referida dependencia, es el principal operador político de Mancera y el PRD. Por consiguiente, quién nos asegura que la recaudación no se destinará a la compra de votos. O al pago de dádivas para preservar las clientelas políticas.
Morena no está de acuerdo con esta inescrupulosa manera de hacer negocios del gobierno de Miguel Ángel Mancera. En 2018, cuando Morena gobierne la Ciudad de México, revisaremos este tipo de contratos. Y se echarán abajo aquellos que no beneficien a los capitalinos.
También se pondrá a consideración de la ciudadanía la conveniencia, o no, de preservar los parquímetros, toda vez que su instalación también representa una privatización del espacio público.
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