POR: RODOLFO ACEVES JIMÉNEZ
A propósito del segundo aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normar Rural “Isidro Burgos” en Ayotzinapa así como de la recomendación 4VG/2016 en el que la Comisión Nacional de Derechos Humanos señala que la Policía Federal cometió graves violaciones a los derechos humanos, al dar muerte a 42 presuntos integrantes del Cartel Jalisco Nueva Generación, 22 de ellos ejecutados de manera sumaria en Tanhuato, Michoacán, sirve para algunas reflexiones.
La gravedad de este asunto viene a darle la razón al Relator de Naciones Unidas para derechos humanos, así como al Grupo de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso Ayotzinapa, para señalar que el tema de derechos humanos en nuestro país, padece una grave y profunda crisis institucional y de política pública.
Se trata de una crisis en la seguridad nacional mexicana, que confrontaría a los ciudadanos y la clase política; los primeros en reclamar la responsabilidad política de ex servidores públicos, como Ángel Aguirre o Jesús Murillo Karam; y por su parte, la clase política en minimizar o subestimar los efectos generados por las graves violaciones, como consecuencia de la impunidad y de la corrupción, que trascendieron fronteras como el problema mismo, y enmarcarse en el derecho internacional.
Derivado de dichos acontecimientos se encuentran vulneradas y muy debilitadas las estructuras de los campos político, social y de seguridad.
Del área política, esta crisis evidenció la permisibilidad y tolerancia de las actividades de los militantes y sus élites al interior de los partidos políticos. Esto muestra la necesidad de implementar la Comisión Nacional Anticorrupción, sin incorporar a familiares o amigos de Diputados, Senadores, Gobernadores o Secretarios de Estado, con el objeto de evitar prácticas ajenas e ilegales a las del servicio público.
Esta crisis del área política viene acompañada de la percepción ciudadana, de un silencioso pacto de impunidad entre los partidos y su clase política para ocultarse de corruptelas. Aquí subyace la percepción de que gobernadores que están dejando el poder, como Roberto Borge de Quintana Roo, César Duarte de Chihuahua o quizás hasta Javier Duarte de Veracruz dejarán sus cargos a cambio de inmunidad política.
En el campo de seguridad, viene a demostrar la fragilidad y corruptibilidad de las instituciones de seguridad en estados y municipios. Comprueba lo delicado en que se encuentra el sistema de procuración e impartición de justicia mexicano. El primero, todavía funcionando con un sistema inquisitorio, mientras que el segundo, con fallas en el debido proceso y bajo la sospecha por la corruptibilidad de algunos jueces o la aplicación política de la ley. El ejemplo más palpable: el uso de las instituciones para rescatar a Humberto Moreira de la acusación de narcotráfico que hizo la Fiscalía Española la liberación de Florence Cassez, de Rafael Caro Quintero, o por supuesto, la liberación de Raúl Salinas de Gortari y la devolución de su millonario patrimonio, que poco faltó para que la PGR le pidiera perdón y de rodillas.
Lo más grave, vino a demostrar la vulnerabilidad en el que nos encontramos los ciudadanos que estamos integrados al campo social, por la colusión de servidores públicos con la delincuencia, -de los tres niveles y en los tres órdenes de gobierno, en nuestro perjuicio.
Por esto, en la elaboración de la Agenda Nacional de Riesgos a cargo del Secretario Técnico del Consejo de Seguridad Nacional, parece que se incorporan valoraciones someras, juicios de valor unipersonal o político, antes que análisis de inteligencia, científicos o académicos. Luego se cuestionan por qué no salen las cosas como lo planeado.
Ayotzinapa, Tanhuato o la corrupción fueron la gota que derramó el vaso, de donde se generaron más incertidumbres que certezas.
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