POR: FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO
De acuerdo a la última previsión de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) sobre la producción mundial de cereales en 2016, indica que contaremos con 2,544 millones de toneladas (ton), esto es, un 0.6 % (o 15.3 millones de ton) más de lo calculado en 2015, destacando en estas perspectivas el caso del trigo,[1] que presentó un producción mundial el año pasado de 734.8 millones de ton y ahora existen 743.44 millones de ton estimadas para este año, lo cual significa un incremento de 8.64 millones de ton o un 1.18% más en la producción mundial.
En México, existe un déficit de grano de trigo, pues se producen 3.6 millones de ton y se consumen 6.8 millones de ton, sobre todo para la industria, por lo que hay gran oportunidad para incrementar la producción de trigos harineros, lo que implica el desarrollo de programas de transferencia tecnológica que impulsen una mayor calidad del grano y rentabilidad del cultivo. En el país, el estado de Sonora tiene la mayor producción de trigo a nivel nacional, con el 49%, seguido por Guanajuato y Baja California con el 16.4% y 13.4% respectivamente.
Sin embargo, a nivel nacional el principal problema de los productores de trigo, recae en aspectos relacionados con la baja rentabilidad económica del cultivo (al analizar la variación de los precios, se observa que durante el 2015, el precio promedio del trigo fue de 185.60 dólares la ton, mientras que de enero a julio de 2016, el precio promedio ha sido de 157 dólares la ton, disminuyendo en más de un 15% el precio), ocasionada por los altos costos de producción, sobre todo los asociados a la preparación de suelo, uso excesivo de fertilizantes y uso ineficiente del agua de riego, esto aunado a que los suelos cada vez son más pobres en contenido de materia orgánica. El precio del grano es altamente volátil y esto es debido a que su asignación suele estar basado en un sistema de precios ligado a mercados internacionales con los cuáles nuestros productores mexicanos podrían estar en desventajas con otros países.
Actualmente, muchos productores de trigo de todo el país se encuentran molestos y exigen que el Gobierno Federal les cumpla los compromisos acordados y les pague el recurso que les prometió con el programa de reconversión productiva[2].
Haciendo un poco de memoria, el 20 de agosto de 2015, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) dio a conocer que se estaba trabajando para conseguir buenos apoyos para la reconversión productiva, esto debido a que se intentaba evitar problemas de comercialización del maíz blanco en Sinaloa y para ello se establecieron más superficie de trigo, sorgo, y maíz amarillo, y con ello despresurizar el mercado interno, y disminuir el panorama en los mercados a futuro; ante esto, muchos productores decidieron incorporarse a los programas de apoyo, sin imaginar los problemas que tienen actualmente para mantener el precio de sus productos.[3][4] Por otra parte, se esperaba que a través de la reconversión productiva se generarán más empleos, se disminuyeran las importaciones y se promovieran cadenas productivas que beneficiaran a los pequeños productores.
Sin embargo, aunque la intención del programa fue buena, no hay que olvidar los productores enfrentan problemas diversos y en algunas ocasiones muy difíciles de controlar, por ejemplo: las condiciones climatológicas favorables han provocado aumentos en la oferta de granos; el crecimiento de la demanda de estos cultivos, la volatilidad en los precios la cual en los últimos dos años refleja claras tendencias a la baja, por lo cual, realizar reconversiones productivas sin un correcto análisis de viabilidad financiera y/o productiva puede parecer arriesgado, esto sin considerar que muchos productores nacionales presentan rezagos estructurales, tales como: la falta acceso al crédito; la baja escolaridad y el envejecimiento; atraso tecnológico en lo que a mecanización se refiere, entre otros, que hacen más complicado controlar los factores variables de los esquemas de producción y comercialización.
Por mencionar un ejemplo de esta situación, presentaré la situación que presenta el estado al cual represento, la reconversión productiva para el estado de Sinaloa nació en el Valle del Carrizo después de fuertes heladas que siniestraron miles de cultivos de maíz, por lo cual se brindó apoyos a los productores que sembrarán trigo; no obstante, en lo que va de este año el Gobierno Federal ha pagado menos que en otros años por este programa, y los productores han iniciado manifestaciones en diversos puntos del país.
De acuerdo a diversos comunicados, lo único que tiene contemplado la SAGARPA para los productores de trigo son los tres mil 500 pesos por hectárea dentro del programa de reconversión productiva, y los productores han manifestado su inconformidad por la reducción, pues anteriormente se daban apoyos de hasta cinco mil pesos por hectárea; no siendo este el único problema, pues también destaca el retraso en los tiempos del pago de los apoyos.
En este sentido, debemos entender que la planeación de las políticas y programas de reconversión productiva para los productores de trigo, no fueron estudiadas a profundidad, pues para poder tener una reconversión productiva exitosa es necesario incluir en el análisis variables más allá del precio de mercado y las buenas intenciones, tales como el Presupuesto de Egresos de la Federación con el que se cuenta para el pago de subsidios.
Asimismo, otro punto alarmante, es que en mayo de este año, la SAGARPA comunicó que en los próximos tres años se pretende reconvertir el 80 por ciento de los proyectos en entidades como Chiapas, Campeche, Tabasco, Veracruz, Sonora, Sinaloa y Chihuahua, para hacer más rentable la producción,[5] pero considerando la situación actual, debemos preguntarnos si ¿esta es la estrategia más eficaz para mejorar las condiciones del sector agrícola y su gente?[6]
En días pasados, presenté un punto de acuerdo dirigido al Presidente de la República con el cual lo exhorto a buscar soluciones eficientes, reales y aplicables para resolver esta situación, pues es imposible seguir en estas condiciones, donde cada vez contamos con menos población rural que se dedica a la producción de alimentos (20% nacional aprox) y no brindarles los recursos necesarios para realizar sus actividades es un error.
Para finalizar, no cabe duda que ya no es momento de realizar programas sin análisis previos, y menos si estos afectan directamente a nuestros campesinos y a la soberanía alimentaria del país, debemos hacer conciencia de las necesidades que tiene el campo mexicano y sobre ellas tomar acción, las políticas propuestas desde el escritorio, no siempre tienen resultados favorables.