Por: Agustín Castilla
Columnista: La Silla Rota
Los recientes escándalos que protagonizan los ex gobernadores de Veracruz, Quintana Roo, Sonora y Chihuahua -que se corroboran con la denuncia presentada hace unos días por la Auditoría Superior de la Federación sobre un desfalco de casi 100 mil millones de pesos en tan sólo estas cuatro entidades-, representan un costo de la corrupción para nuestro país que es de aproximadamente el 9% del PIB.
La corrupción también muestra la necesidad de generar mejores condiciones para incentivar las inversiones tanto nacionales como extranjeras, particularmente ante las medidas anunciadas por el Presidente electo de Estados Unidos, evidencian la urgencia de contar con un Sistema Nacional Anticorrupción robusto y eficiente siendo la Fiscalía Especializada en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción uno de sus principales brazos.
Han pasado más de dos años de que la reforma constitucional del 10 de febrero de 2014 dispuso la creación de la Fiscalía Especializada, y sin embargo aún no se ha nombrado a su Titular, que es una condición para que esta cobre vida conforme a lo establecido en el régimen transitorio.
En este sentido, el Senado emitió una primera convocatoria el 19 de noviembre de 2014 a la que respondieron 33 aspirantes, pero debido a la falta de acuerdo entre los grupos parlamentarios, supuestamente porque ninguno cumplía con el perfil que se buscaba-, el 25 de octubre de 2016 la Junta de Coordinación Política decidió dar por concluido dicho procedimiento y convocar a uno nuevo que actualmente está en curso y, conforme a la convocatoria deberá concluir a más tardar el 29 de noviembre con la aprobación en el Pleno por una mayoría calificada.
Cabe mencionar que por esta única ocasión, la designación será realizada por el Senado para un periodo que terminará el 30 de noviembre de 2018 -y que puede ser objetada por el Presidente de la República-, y a partir de esa fecha corresponderá al Fiscal General hacer el nombramiento respectivo.
Los incentivos para participar en este proceso no fueron muchos, lo que explica que sólo se hayan registrado 32 aspirantes con perfiles disímbolos, ya que por un lado, el tiempo que tendrá el próximo Titular para darle forma a la Fiscalía es muy corto, es muy probable que la decisión se tome a partir de acuerdos políticos y no del análisis objetivo de los méritos de los participantes (preparación, experiencia, capacidad e independencia), y su margen de actuación será muy acotado pues conforme al diseño institucional, estará subordinado al Procurador General de la República y posteriormente al Fiscal General.
Esperemos que prosperen los esfuerzos del PAN y del PRD para que en la Ley Orgánica de la Fiscalía General que se encuentra en discusión en estos momentos, se le otorgue mayor autonomía a la Fiscalía Anticorrupción, pues de lo contrario será muy difícil que realmente pueda responder a las expectativas y necesidades del país en esta importantísimo rubro. Por lo pronto, es indispensable que una vez más, este frente ciudadano que se formó para impulsar la ley 3 de 3, tenga una participación muy activa, de seguimiento al proceso de designación y exija que se lleve a cabo bajo el modelo de parlamento abierto. Este nombramiento es fundamental, y no nos podemos dar el lujo de aceptar simulaciones.
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