POR: Areli Cano Guadiana
Cuernavaca, Morelos 3 de Noviembre 2016 (Wdc).- En nuestro país, los jueces y magistrados juegan un papel central en la arquitectura democrática del Estado, pues son los responsables de cuidar el respeto a la Constitución y la vigencia de los derechos de las personas, por lo que conocer la manera en que estos importantes actores se conducen al desempeñar su labor resulta de suma importancia.
Sin embargo, al igual que sucede con todo acto de gobierno, no es suficiente saber cómo los juzgadores realizan sus funciones, sino también es necesario atender a la idea de rendición de cuentas que implica la exigencia de informar y justificar los actos de autoridad, para después fiscalizarlos y, de ser el caso, sancionarlos.
La independencia en el terreno jurisdiccional requiere que los jueces y los magistrados decidan sobre los asuntos que conocen sin ningún tipo de presión, lo cual se suma a la noción de rendición de cuentas, como garantía de la eficacia en la impartición de justicia, situación que ha sido reconocida por la Relatora Especial sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados de las Naciones Unidas.
En este sentido, el marco que da sustento al ejercicio de responsabilidad de los juzgadores, radica en gran medida en la interpretación que hacen de los hechos para resolver los casos, y en los elementos, tanto administrativos como procedimentales, para asegurar un entorno más propicio en la elaboración de las sentencias. Del cuidado de estos últimos aspectos se encarga el Consejo de la Judicatura Federal, con lo cual contribuye a materializar la rendición de cuentas, a partir de la esfera contextual de su hechura.
Contar con información que permita evaluar la labor de los juzgadores resulta fundamental, por lo que, la Judicatura ha hecho esfuerzos importantes al transparentar, entre otras actividades: las sesiones públicas registradas en video; los procedimientos de designación de jueces y magistrados; las sentencias; el resultado de los procesos disciplinarios, los criterios decisorios y el número de servidores públicos del Poder Judicial sancionados.
A la apertura al escrutinio público en los temas relevantes de la acción judicial, se suma la labor de la Judicatura Federal, que centra una parte de su atención en la correcta solución de los asuntos resueltos por los órganos jurisdiccionales, a través del cuidado de los elementos administrativos, pero también, del trámite que se sigue en las resoluciones. Vale señalar que a esta vigilancia sobre el proceder judicial, se añade la vía de la impugnación de las sentencias, la cual hace posible su revisión en los tribunales superiores.
Dicho escrutinio garantiza que las decisiones de los juzgadores sean técnicamente sólidas y fundadas en derecho, además de establecer criterios orientadores para futuras resoluciones, que evitan que los tribunales se vuelvan impredecibles. De esta forma, se actualiza un esquema de complementariedad, entre el cuidado que imprime el Consejo de la Judicatura para la debida gestión de los asuntos y la labor revisora de las instancias de alzada, que dota de certidumbre a la actuación de los jueces y magistrados.
Así, la rendición de cuentas en el ámbito judicial refuerza la independencia y autonomía de sus operadores, elementos que constituyen activos importantes para los desafíos inherentes a la impartición de justicia en un contexto de expansión de las libertades de las personas y de mayor escrutinio social.
Lo anterior permite la instauración de un espacio de diálogo entre las instituciones judiciales y la sociedad, imprescindible en el proceso democrático y de gran relevancia para refrendar la confianza de las personas en los organismos jurisdiccionales.
En este contexto, resulta importante señalar algunos retos del Poder Judicial que pueden ayudar a ampliar y profundizar su relación con los gobernados, por ejemplo, adecuar su diseño institucional y procedimental en función de la evolución del marco jurídico en ámbitos como el penal, derechos humanos, transparencia, acceso a la información y anticorrupción, mostrando su capacidad de adaptarse a los nuevos escenarios para la resolución de los conflictos jurídicos.
Otro reto implica conocer la satisfacción de los usuarios del sistema de justicia en cuanto a tiempos de atención, calidad de la infraestructura, trato del personal, claridad en requisitos y procedimientos para ubicar oportunidades de mejora en la gestión de los asuntos y, paralelamente, generar nuevos enfoques de comunicación que permitan tener una mejor percepción de la labor jurisdiccional, más allá de la litigiosidad, como un espacio de tutela de las libertades personales y del respeto a la Constitución.
Desde esta perspectiva, para ampliar el impacto de la determinación tomada en una sentencia, es clave hacer esfuerzos para transitar de un lenguaje especializado a uno sencillo y de fácil comprensión, a fin de propiciar un mayor entendimiento de sus implicaciones, abonando a que existan mejores condiciones para el conocimiento social sobre la actuación judicial y la exigencia de derechos.
Lo anterior redundará en el fortalecimiento de la legitimidad institucional del Poder Judicial, en una mayor confianza ciudadana, y por supuesto, en la ampliación de la cultura de la legalidad.
areli.cano09@gmail.com
@INAImexico
@OpinionLSR