POR: ARELI CANO GUADIANA
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, entidad de la que México es parte, afirma que el presupuesto es el documento de política pública más importante de todo Estado, lo que es evidente si se considera que en él se refleja la visión que tiene cada institución pública sobre los problemas sociales y la importancia que se le da a su atención, en función de la distribución de los recursos públicos, por lo que la transparencia en torno del ciclo presupuestario resulta del mayor interés.
Este proceso consta de siete etapas: planeación, vinculada al gasto al Plan Nacional de Desarrollo; programación,donde se definen los programas presupuestarios y los recursos para el cumplimiento de sus objetivos; presupuestación, en que se asigna el dinero a partir de la discusión legislativa; ejercicio y control, consistente en la aplicación del presupuesto por parte de las entidades ejecutoras; seguimiento, en la cual se vigila el avance en el cumplimiento de las metas; evaluación, ejercicio de análisis tanto de la pertinencia como del logro de los objetivos y metas de cada programa; y rendición de cuentas, etapa de fiscalización del uso de los recursos e, incluso, determinación de responsabilidades.
Para el caso mexicano, y según la normatividad en la materia, el 8 de septiembre es la fecha límite para concluir la etapa de programación; esto ocurre cuando el Ejecutivo Federal entrega el denominado paquete económico, conformado, entre otros, por los proyectos de Ley de Ingresos, que se discute conjuntamente por las Cámaras de Diputados y Senadores, y el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) correspondiente al siguiente ejercicio fiscal, y cuya aprobación corresponde únicamente al primer órgano legislativo.
Esto da pie a la reflexión en torno a los avances y retos que existen en materia de transparencia presupuestal en México. De inicio, con el Plan de Acción 2013-2015 de la Alianza por el Gobierno Abierto, nuestro país asumió el compromiso de impulsar acciones para dar a conocer el destino de los recursos públicos, mejorar la rendición de cuentas y promover la participación ciudadana en el gasto gubernamental.
Como parte de los adelantos en ese rubro, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) desarrolló la plataforma Transparencia Presupuestaria, observatorio del gasto, que permite conocer información de una parte del ciclo presupuestario, concretamente la correspondiente a su ejercicio y seguimiento, al poner a disposición del público en general datos sobre la aplicación de los recursos asignados y las metas alcanzadas.
En ese contexto, conocer el estatus presupuestal de cada programa propicia que la sociedad incida en función de sus inquietudes, por ejemplo: ante comportamientos atípicos en la aplicación de los recursos; la identificación de programas ineficaces, como la duplicidad de metas o la perspectiva de que éstas no serán alcanzadas, entre otras posibilidades.
Lo anterior incrementa la capacidad de las personas para actuar como contraloría social, facilita el conocimiento de los avances del ejercicio presupuestal por programa, así como los resultados logrados; sin embargo, aún existen áreas de oportunidad, sobre todo las vinculadas al reto de generar mecanismos para que la sociedad pueda ejercer un verdadero control sobre el gasto público, a través de la implementación de mecanismos de transparencia que permitan a la población conocer la información de las demás etapas del ciclo presupuestario. De tal forma, se crearían las condiciones propicias para generar una mayor participación de la sociedad, que sirva como contrapeso para evitar, por ejemplo, que en las determinaciones imperen intereses de grupo o particulares.
Por lo tanto, sería pertinente dar la más amplia publicidad a la información del resto de las etapas del ciclo, por mencionar algunos casos: la planeación, programación y presupuestación, que son definidas por medio del equilibrio de los poderes Ejecutivo (quien propone) y Legislativo (quien discute y aprueba).
En estas tres fases confluyen la perspectiva política (pues se confrontan los objetivos gubernamentales) y la visión de las distintas posturas representadas en el órgano legislativo, lo cual repercutirá en la configuración final del presupuesto y, por ende, en las metas que se pretendan alcanzar a partir de éste. Bajo este contexto, la transparencia debe ser un principio que coadyuve a evitar la discrecionalidad por parte de los actores que intervienen en el diseño del presupuesto, al tiempo que propicie la prevalencia de criterios basados en eficacia y eficiencia.
Por cuanto hace a la evaluación y la rendición de cuentas, son etapas que deben ser igualmente publicitadas, pues el resultado de éstas otorga información útil para el ejercicio presupuestal presente y a realizarse en el futuro. En torno del primero, se visibiliza el grado de cumplimiento de los objetivos de las políticas y programas, su correcta aplicación, y si éstas coadyuvan efectivamente a resolver los problemas o satisfacer las necesidades de la población. En la óptica de ejercicios futuros, brinda insumos para repensar la inclusión de programas cuyos resultados hayan sido infructuosos, o bien, advertir su presencia y generar acciones para que sean retirados o replanteados.
Es claro que dentro de un sistema democrático la definición y manejo del dinero público requiere de dos elementos: por un lado, el reconocimiento de que las personas necesitan información para identificar las prioridades gubernamentales y valorar su actuación en torno a ellas. Por otro lado, la construcción de esquemas que permitan que las opiniones generadas en el seno de la sociedad sean consideradas en todo el ciclo presupuestal.
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