CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- En estos momentos hay tres exgobernadores prófugos de la justicia (Tomás Yarrington, de Tamaulipas; Guillermo Padrés, de Sonora; y Javier Duarte, de Veracruz); uno que está sujeto a proceso penal bajo prisión (Andrés Granier, de Tabasco); uno condenado por un delito y sujeto a otros procesos penales en libertad bajo caución (Luis Armando Reynoso, Aguascalientes), y, finalmente, otro sujeto a proceso penal en libertad (Rodrigo Medina, Nuevo León).
Nunca en la historia política del México moderno había habido tantos exgobernadores sujetos a procesos penales al mismo tiempo. Sin embargo, de los seis contra los que hay expedientes abiertos, únicamente uno lo hace encarcelado; dos más enfrentan en libertad la acción de la justicia, y los tres restantes decidieron huir de la misma justicia.
A pesar de la multiplicidad de casos, el que ha acaparado la atención política y mediática es el del veracruzano Javier Duarte. Además, ha sido manejado muy atípicamente: primero le colocan a un candidato priista a gobernador abiertamente enfrentado con él; después, durante las precampañas, todo indicaba que los priistas sacrificarían a Javier Duarte y lo obligarían a pedir licencia, y el entonces presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones, lo llamó a rendir cuentas. Sin embargo, a mediados de febrero ese partido cambió la estrategia y decidió sostenerlo, aparentemente por instrucciones directas del presidente Enrique Peña Nieto.
El primer domingo de junio de este año vino la debacle priista en las elecciones para gobernador en 12 estados. El PRI perdió en siete de ellas, es decir, se quedó con cuatro menos de las que tenía hasta ese momento. De inmediato, los militantes de esa agrupación culparon de la derrota a los malos gobiernos de varias de esas entidades, particularmente en Veracruz, Chihuahua, Tamaulipas y Quintana Roo. Adicionalmente, desde su toma de posesión, el nuevo dirigente nacional priista, Enrique Ochoa Reza, centró su discurso de renovación partidista en el combate a la corrupción, incluso si esto implicaba tener que señalar a gobernantes emanados de sus filas.
Para demostrar que dicho combate no se limitaba al discurso, sino que lo concretaba en los hechos, decidió que la Comisión de Justicia Partidaria de su partido le suspendiera los derechos partidistas a Duarte cuando la Procuraduría General de la República decidió iniciar averiguaciones previas por las denuncias de la Auditoría Superior de la Federación y el Sistema de Administración Tributaria. Llamó la atención que su partido procediera en contra del todavía gobernador veracruzano y no lo hiciera en contra de otros en condiciones similares, como César Duarte (quien todavía gobernaba Chihuahua) y el ya para entonces exgobernador de Quintana Roo Roberto Borge, quien por cierto ni siquiera acudió a la ceremonia de cambio de gobierno y se encuentra desaparecido desde hace un mes.
Finalmente, después de que se reuniera con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, Duarte solicitó licencia a su cargo, supuestamente para defender su nombre y enfrentar las acusaciones que le hacían. Y, una vez que se concretó la designación de Flavino Ríos Alvarado como mandatario interino, se multiplicaron los apoyos federales a Veracruz: Osorio Chong anunció que la Marina asumiría directamente el mando de la seguridad en el sur del estado, añeja demanda de los veracruzanos; el conflicto magisterial que ya amenazaba con paralizar varias ciudades entró en un impasse también gracias a la gestión del gobierno federal; y, finalmente, todo indica que la federación acudirá al rescate financiero de la entidad y otorgará un “apoyo” extraordinario de 11 mil millones de pesos, equivalente al pasivo revolvente, es decir, las cuentas por pagar.
La única explicación lógica a tanto cambio de señal y el atípico comportamiento del priismo tiene que ver con dos hechos concurrentes: Veracruz tendrá elecciones de gobernador nuevamente en 2018, que coincidirán con la elección presidencial; y la importancia de la entidad en las aspiraciones priistas por retener la Presidencia de la República.
Veracruz tiene 6.5% de los electores nacionales y, aunque el PRI no es el partido que más votos ha cosechado en las últimas tres elecciones presidenciales, en la de 2012 Veracruz le aportó 6.3% de los poco más de 19 millones de votos que recibió Peña Nieto (y 242 mil votos más que el Verde en todo el país).
Además, de los siete estados que concentran 49% de la lista nominal de electores nacional (Estado de México, Ciudad de México, Jalisco, Veracruz, Puebla, Guanajuato y Nuevo León), el PRI únicamente es gobierno en dos… pero en cinco se celebrarán elecciones a gobernador concurrentes con las presidenciales de 2018. En cuatro de esas cinco, el PRI no gobierna.
En este escenario, Peña y el PRI aplican una estrategia para aprovechar estos 40 días de gobierno interino de Ríos Alvarado: quieren enviar la señal de que el gobierno federal restablecerá la paz en la entidad, tanto en lo relativo a los índices delictivos como a las protestas sociales, y que entrará al rescate de las finanzas. Una vez que Miguel Ángel Yunes –quien fue postulado por la coalición PAN-PRD– tome posesión, previsiblemente le cerrarán la llave de los recursos federales para estrecharle todavía más sus ya de por sí limitados márgenes de maniobra en un gobierno de apenas dos años.
El presidente, en un intento desesperado por mantener al PRI en Los Pinos después de 2018, optó por sacrificar a uno de los principales financiadores de su campaña y negociar con él su fuga. En realidad convenció a Duarte de que su única posibilidad de evadir la cárcel era ésa, pues de aferrarse al poder hasta el último día, las posibilidades de que el PRI gane en 2018 se reducen drásticamente y su derrota era prácticamente una garantía de que lo someterían a la acción de la justicia.
Peña no tenía nada firme que ofrecerle, pero si la estrategia resulta efectiva y el candidato priista gana la Presidencia en 2018, se abre una nueva oportunidad de negociar una absolución por alguna vía.