Por: JOEL SALAS SUÁREZ
En estas fechas que se define el Proyecto de Presupuesto federal para el ejercicio fiscal 2017, diversas voces han llamado la atención sobre la necesidad de contemplar recursos suficientes para poner en marcha el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). Si bien es necesario asegurar la suficiencia de estos recursos, como toda política pública, la de combate a la corrupción debe ser formulada, implementada y evaluada con base en evidencia y criterios de desempeño orientados a dar resultados. Si esto es así, debe existir claridad tanto en las responsabilidades asignadas en términos organizacionales y de mando, como en los resultados esperados a corto, mediano y largo plazo.
El orden en que los mencioné no es fortuito. Cada uno es precondición del siguiente. A esto debemos añadir la complejidad de avanzar en paralelo con los plazos fijados por la legislación en materia presupuestal. Si los actores involucrados no acuerdan las medidas más adecuadas para cumplir con lo anterior, el SNA entrará sin las condiciones para rendir los frutos que los mexicanos esperamos. Además, al tiempo que el marco normativo del SNA se está construyendo, las instituciones públicas que lo integran están en proceso de creación o ajuste.
En primer lugar, el SNA tendrá una Secretaría Ejecutiva que será el órgano de apoyo técnico del Comité Coordinador. Ésta debe contar con personalidad jurídica y patrimonio propio, es decir, debe tener una partida en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF). Sin embargo, no es pertinente asignarle recursos si no se ha nombrado a sus dirigentes. Ellos serán los encargados de la implementación del SNA; esto es, dar el visto bueno a su estructura, objetivos, metas e indicadores de desempeño, así como al rango presupuestal apropiado para su operación. De los miembros que conformarán este Comité Coordinador, los nombramientos pendientes son: Fiscal Anticorrupción y Presidente del Comité de Participación Ciudadana, quien presidirá este Comité. Además, resta que el Congreso ratifique a Arely Gómez como Secretaria de la Función Pública
Estas designaciones deben ser transparentes y con estricto apego a la comprobación de la capacidad y experiencia de los candidatos, aunque en términos de rendición de cuentas, quizá no es lo más adecuado aprobar un presupuesto previo. Serán aprobadas cuando el Ejecutivo envíe al Senado la propuesta de los candidatos a ocupar los dos primeros cargos, y cuando el Comité de Selección elija a los cinco miembros que integrarán el Comité de Participación Ciudadana. Integrado este Comité, en un lapso no mayor a sesenta días naturales, el Comité Coordinador deberá sesionar para su instalación, y a más tardar sesenta días después, entrará en funciones la Secretaría Ejecutiva. Ante este escenario, es previsible que el arranque organizacional del SNA se dé a mediados del 2017, pero el proceso presupuestario permitirá asignar recursos hasta el ejercicio fiscal 2018. De aprobarse previamente un presupuesto, ¿a quién se haría responsable de su ejercicio?
En segundo lugar, es preciso que cada institución pública integrante del SNA clarifique cómo colaborará y qué resultados pretende generar. Recordemos que el SNA tendrá como principios la coordinación, el consenso y las responsabilidades bien delimitadas, lo cual se demostrará mediante mecanismos de rendición de cuentas hacia la población. Cobra particular relevancia el caso de los órganos autónomos y los otros poderes: el INAI, la ASF y el Consejo de la Judicatura. Estos deciden su estructura programática, actividades, gasto e indicadores de desempeño, y requieren el presupuesto que necesitan. La SHCP no los vigila directamente, sino que canaliza sin modificaciones estas propuestas al Legislativo federal, tal como lo establece el artículo 111 de la Ley de la materia. Es la ASF quien da seguimiento al gasto y cumplimiento de su desempeño. No obstante, esto es poco conocido por la población.
Es importante mencionar la iniciativa del “Colectivo por un Presupuesto Sostenible” (Colectivo Peso) que propone la creación de un Nuevo Órgano Técnico Superior para la Hacienda Pública del Poder Legislativo Federal; el cual estaría integrado al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados y a la Dirección General de Finanzas del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República.[1] Ante la imposibilidad normativa de la SHCP de darle seguimiento al gasto y desempeño de los órganos autónomos y las instituciones de los Poderes Judicial y Legislativo que formarán parte del SNA, esta instancia técnica podría supervisar de forma más integral el gasto asignado al SNA, así como su desempeño. Por su parte, la ASF tendría que fiscalizar y evaluar con mayor atención a cada instancia que forma parte de él.
Como podemos ver, la discusión va más allá de la suficiencia de recursos para operar el SNA. Es crucial asegurar que su operación esté sujeta a rendición de cuentas. Varias instituciones ya están solicitando aumentos presupuestales al Legislativo para poder cumplir las nuevas funciones que tendrán; sin embargo, no se sabe aún qué están haciendo para explicar a los mexicanos cómo, en qué y para qué estarán usando dichos presupuestos. En el contexto de austeridad actual, incluso podría cuestionarse la asignación de mayores recursos a estas instituciones antes que destinarlos a, por ejemplo, programas sociales o económicos. Por eso, insisto, todas las instituciones que integremos el SNA, lo digo como Comisionado del INAI y a título personal, debemos rendir cuentas desde el inicio.
Twitter: @joelsas
@OpinionLSR
[1] CEESP, CIEP, Ethos, FUNDAR, GESOC, IMCO, ITDP, México Evalúa y Comunidad Mexicana de Gestión Pública para Resultados.