POR: FRANCISCO RIVAS RODRÍGUEZ
Ya se cumplió una década desde que las fuerzas armadas comenzaron a colaborar -o mejor dicho, subsanar- en funciones de seguridad del país.
Desde el inicio del plan especial para Michoacán y la llamada «guerra contra el narco», el Ejército ha patrullado, enfrentado y detenido a criminales sin contar con un marco jurídico que regule su actuación, evite excesos y proteja a cada uno de los soldados a la hora de seguir órdenes de quienes, al final, no pagaron ni pagarán las consecuencias de sus decisiones.
El argumento que llevó a militares y luego a marinos a las calles fue la carencia de instituciones de seguridad suficientes y confiables para enfrentar un reto titánico y sin precedentes. La promesa fue que las fuerzas castrenses saldrían de las calles una vez que se construyera una institución federal confiable y suficiente para las necesidades del país y se reconstruyeran las instituciones locales.
Una década después podemos afirmar que la federación tiene un nivel de cumplimiento avanzado, mientras que el nivel local sigue teniendo una enorme deuda pendiente con todos los mexicanos.
Si bien en lo federal, el gran plan para llevar a Policía Federal a ser una institución con 100 mil integrantes no se ha cumplido, es innegable que ésta, con sus aproximadamente 45 mil policías y gendarmes, es la mejor policía del país, la más capacitada, mejor equipada, con una estructura de desarrollo profesional claro, un plan rector de capacitación sólido y una Unidad de Asuntos Internos que funcione, la cual es todavía, sin duda, una institución con áreas de oportunidad con algunas actuaciones cuestionables o claramente negativas. Sin embargo, es una gran institución compuesta por muchos mexicanos que son patriotas ejemplares, dispuestos a arriesgar su vida por el bien común.
En paralelo la reconstrucción de las instituciones locales no ha avanzado de la misma manera: hay algunas policías estatales o municipales que han trabajado por depurar a sus integrantes, capacitarlos, nivelar sueldos y cumplir con las características que define la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, pero lo cierto es que la mayoría no lo han hecho.
No importa cuántos apoyos federales o internacionales se hayan tenido en estos últimos 10 años, la mayoría de nuestras policías locales parece seguir sin estar listos para enfrentar a células o bandas derivadas de la desarticulación de grupos crimínales más importantes y, a veces, pareciera que ni a los delincuentes comunes.
Sigo pensando que el problema está en la cabeza, primero, de las instituciones políticas, y luego de las policiales, donde la simulación ha permitido una década de declaraciones, fotos, discursos, banderazos y arranques que presumen miserias: insuficientes capacitaciones que no logran impactar la conducta de los policías o que buscan transmitir competencias sin que existan las condiciones para cumplir; tecnología y equipamiento insuficiente porque fue adquirido al doble o triple de su precio gracias a procesos de compra sustentados en corrupción; vehículos o personal desviados de la función principal para atender «la protección» de autoridades y poderosos; o el simple desinterés en las personas que componen la institución policial.
Precisamente por lo anterior, la tan criticada presencia federal ha sido lo que ha permitido las actuales condiciones de gobernabilidad, por mínimas que parezcan en algunas zonas del país: no sé qué sería de Tamaulipas, Veracruz, Guerrero o Michoacán sin la presencia de Policía Federal, Ejercito y Marina.
Para un gobernante local se ha vuelto fácil solicitar el apoyo federal, no cuesta, no requiere sacrificios y es efectivo, permite niveles de aceptables a mínimos de seguridad para los ciudadanos y, en caso de errores, la culpa es de alguien más que deberá responder y pagar el costo político.
Por eso una década después, los soldados y marinos de SEDENA y SEMAR siguen ejecutando acciones que, ni son parte de su vocación, ni están debidamente capacitados para ellas, pero que hacen de la mejor manera posible. Por lo anterior y gracias a las carencias de las instituciones locales no se vislumbra una posible salida de aquellos de las calles.
Estas razones son parte del por qué la estrategia federal no ha podido ni podrá funcionar, por mucho que la federación desarticule grupos de la delincuencia organizada, se requiere de instituciones del ámbito local hábiles y desarrolladas para prevenir, detener y sancionar a las bandas y células que quedan después de la operación federal.
En el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) hemos sido claros: Ejército y Marina deben salir de las calles; sin embargo, entendemos que, de hacerlo sin un plan establecido, las consecuencias pueden ser fatales y no se puede jugar con la vida de las personas.
Por eso, urge una norma que regule las funciones de seguridad para Ejército y Marina; esta daría una certeza jurídica a soldados y marinos y pondría énfasis en la necesidad de un cabal apego a los Derechos Humanos. Admito que me preocupa pensar que esta ley pueda mantener la actual carencia de incentivos positivos en las autoridades estatales y municipales de asumir la responsabilidad que les toca y generar condiciones de seguridad para sus gobernados, sinceramente dudo que un gobernador desobligado un día recapacite por sí mismo y entienda que es su deber cumplir con su mandato constitucional; no obstante, prefiero una ley que proteja a los ciudadanos, soldados y marinos, aunque permita que estos sigan en las calles haciendo algo que no les toca.
Una vez que exista la ley, será tarea de cada ciudadano recordarle a alcaldes, gobernadores y diputados locales sus promesas de campaña, recordarles para qué y para quién trabajan y que sin policías locales sólidas, honestas, bien capacitadas, bien equipadas y bien pagadas, no habrá paz en nuestras ciudades ni entidades.
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