POR: JORGE ALEJANDRO MEDELLÍN
La militarización de la seguridad pública en México es un hecho consolidado. Necedad sería negarlo o dosificar su intensidad bajo el disfraz de etapa de transición.
Esa etapa se quedó en intención, en proyecto incompleto mal planeado, mal consensado, sin análisis a fondo, cerrado al debate serio, convertido en moneda de cambio con una sola cara. Hoy, las afectaciones a la vida civil e incluso a la vida militar son más que evidentes, escandalosas.
La épica indolencia del gobierno federal para redefinir las misiones de las fuerzas armadas en materia de seguridad interior y para dotar su actuación con un marco jurídico que delimite con precisión su despliegue, su dinámica y atribuciones generales, específicas y finales, es uno de los factores –no el único ni el último– que le han reventado en las manos al aparato de Estado.
Pero lo cierto es que no basta sólo con redefinir y precisar, con legislar y proteger. Se necesita, a contracorriente del enojo de las cúpulas militar y naval, crear contrapesos firmes, reales, completos e incuestionables para supervisar y corregir la actuación de las fuerzas armadas, de las fuerzas federales en conjunto.
Por ejemplo, la Sedena y la Marina cuentan con sendas instancias para la promoción y el respeto de los derechos humanos dentro y fuera de la institución. Pese a ello, ambas secretarías siguen siendo acusadas por cometer excesos, por abusar de civiles, por detenerlos, interrogarlos, torturarlos, asesinarlos y desaparecerlos.
Por ejemplo, Sedena ha incurrido en varias, muchas irregularidades en la compra de material bélico y equipo para actividades sustantivas de sus tropas y aerotropas.
Son cuantiosos los reportes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que desde hace años han documentado irregularidades, omisiones, formas distintas de hacer compras de armamento, de definir las licitaciones, de aprobar proyectos, de concretar compras estratégicas que al final se dan con números que no coinciden, con cifras diferenciadas que nadie atina a explicar.
Por ejemplo, la polémica compra del avión presidencial y del jet que transporta al DN-1; por ejemplo, la compra de 250 vehículos Sandcat a la empresa Oshkosh y su colocación en la frontera con Texas a un precio superior al pactado pero sin el equipamiento que se había convenido en la licitación.
Por ejemplo, la rendición mediática de cuentas por parte de la Marina en torno a la forma en que realmente ocurrió la captura de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, documentada por el semanario Proceso con fuentes federales de alto nivel y mucho recelo, resentidas por la estrellita que el almirante Soberón permitió sele colocara a una captura que como tal, circunstancial o no, fue ora de la Policía Federal.
Los marinos pelean y reclaman que fueron ellos quienes dieron con la casa de seguridad de Guzmán Loera y que fueron ellos quienes, balacera de por medio, lo sacaron de donde estaba y lo obligaron a huir por las alcantarillas hasta obligarlo a sacar la cara en una coladera en céntrica avenida.
De ahí a la detención por manejar un auto robado, de ahí a la persecución por una patrulla federal, de ahí a la identificación y a las fotos con el celular que llegaron de inmediato a las redes sociales para dejar constancia de quiénes había sido la hazaña.
Si así fue (y así fue), ¿para qué dejar correr versiones difusas y al final imprecisas sobre la recaptura?
La sombra de la descoordinación o de la falta de cooperación en momentos clave de la lucha anticrimen se quedó en el aire durante meses. El semanario y sus fuentes documentaron lo que faltaba y era sospecha: el pleito, casi hasta las manos, hasta los tiros, entre marinos y federales por ver quién se quedaba con la presa y con todo el crédito.
Medias verdades federales, medias verdades navales y silencios de PGR y Segob. El caldo de cultivo de montaje o algo que se le parece mucho. ¿Y el prestigio? ¿Y la confianza ganada entre la sociedad?
Algo similar puede ocurrir con la masacre de militares en Culiacán. El ataque narco fue atroz, inhumano, pero sigue instalado en zonas nebulosas. Hay muchas preguntas que la Sedena no ha contestado y que debe atender por el bien de las tropas que dice defender y cuidar del desprecio de los políticos (en especial de quienes trabajan defendiendo derechos humanos).
Hay situaciones que siguen mostrando la cooptación de policías, de corporaciones completas por parte de los cárteles y al mismo tiempo exhiben los muy cortos alcances del gobierno federal y de los estatales para atacar a fondo este problema.
Exigir reglas claras, leyes y reformas que definan la actuación militar y naval en la guerra contra el narco reeditada por Peña Nieto es más que urgente y necesario, pero también lo es que las instituciones civiles no conviertan la certidumbre castrense en una patente de corso, en una luz verde para la aplicación de la justicia (léase venganza silenciosa) y no para defender y fortalecer el madreadísimo Estado de derecho en el que sobrevivimos.
Sí, que se defina y proteja la actuación de las fuerzas federales contra el crimen organizado, pero que existan también contrapesos reales y efectivos.
¿No fue la ausencia de éstos uno de los factores que permitieron la corrosión, corrupción y desmoronamiento del sistema policial en el país?
¿No fue la caída del dicho sistema lo que obligó a tres presidentes a sacar a las tropas a la calle sin estar preparadas ni definidas ni protegidas legalmente para hacerlas pasar como policías?
@JorgeMedellin95
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