POR: RICARDO MEJÍA BERDEJA
A raíz de los acontecimientos criminales de los días 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero se puso de manifiesto la extrema urgencia de depurar y limpiar las policías, en especial las municipales.
En estos hechos atroces ha quedado clara, -según las investigaciones ministeriales y las del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)-, la intervención de tres policías municipales, totalmente infiltradas y corrompidas por la delincuencia organizada, que derivaron en el asesinato de seis personas, varios lesionados, entre ellos dos de suma gravedad, y 43 jóvenes estudiantes desaparecidos.
En efecto, las policías municipales de Iguala, Cocula y Huitzuco, Guerrero operaron al servicio de la delincuencia para perpetrar esos hechos reprobables que han convulsionado al país y han fijado la vista del mundo en nuestra nación, actos que permanecen impunes. Es claro, también, que otras corporaciones estales y federales, y, aún es posible, que algunos malos elementos del Ejército, por acción u omisión, hayan sido parte de ese monstruoso operativo criminal que duró varias horas, desde el primer incidente en contra de los jóvenes normalistas.
En el presente escrito quiero llamar la atención del grado de infiltración que se presenta especialmente en las policías municipales que han actuado al servicio del crimen organizado, toda vez que es una constante en el país. De igual manera, prevalece la tolerancia a que sigan en estas instituciones «brindando el servicio de seguridad pública» elementos policíacos no certificados, reprobados en control y confianza, y la falta de instrumentación del llamado mando único policial, que se convirtió en el mando mixto, según la legislación aprobada por el Senado de la República, que se encuentra congelada en la Cámara de Diputados.
Parte esencial de los altos niveles de violencia criminal y de la creciente percepción ciudadana sobre la inseguridad de su entorno, es la falta de confianza en las policías municipales. Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública ENVIPE, del INEGI, 2016, el 66.7 por ciento de la población considera que las policías preventivas municipales son corruptas.
En la emboscada realizada el pasado viernes 30 de septiembre por grupos criminales en contra de un convoy militar del Ejército en Sinaloa, hechos en los que fueron asesinados cinco militares y diez más resultaron lesionados, una de las líneas de investigación, según apuntan notas publicadas en los periódicos Reforma y El Universal es que las policías municipales de Badiraguato y Culiacán, Sinaloa pudieron haber participado en dicha emboscada como «Halcones» para advertir a los delincuentes que perpetraron la agresión del paso del convoy militar, lo cual ilustra nuevamente el grado de penetración de los delincuentes en estos cuerpos policíacos.
El gran problema es que no se ha avanzado en la depuración policial y, no obstante, que la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública es categórica en relación a que no pueden realizar la función quienes no estén certificados, en los municipios, al igual que en los estados, gran cantidad de los policías reprobados en control y confianza siguen desempeñando la función.
Algunos alcaldes argumentan que no pueden liquidar laboralmente a policías por carecer de recursos, lo cual es parcialmente cierto en varios casos, pero también es claro que no hacen ningún esfuerzo para hacerlo y que es muy diferente el tema de la situación laboral de esos elementos a que sigan armados y con placas haciendo la «función policial».
Otros ediles, como el presidente municipal de Acapulco, Evodio Velázquez, simplemente mandan a volar la ley y tienen en las calles a esos elementos reprobados (720 en el caso de Acapulco) poniendo de manifiesto sus complicidades con la delincuencia. Incluso ese alcalde en lugar de liquidar a los policías reprobados los arma y les regala uniformes. La corporación municipal se encuentra infiltrada con su total protección y los delitos siguen cometiéndose con total impunidad y falta de prevención del delito, que es parte de la función de esas policías.
Frente a esta situación la posibilidad de adoptar el mando único policial es una medida que, conjuntamente con la depuración de los cuerpos policiacos, podría ayudar a mejorar la situación de inseguridad. Sin embargo hay severas resistencias en el Congreso de la Unión y las asociaciones de Alcaldes cabildearon para frenar esa alternativa.
A gran parte de los presidentes municipales opositores al mando único lo que les interesa es seguir utilizando discrecionalmente los recursos provenientes de los fondos federales de seguridad pública y tener a su servicio a las policías, no obstante su alto grado de infiltración criminal.
De esta manera, el mando único y las policías estatales únicas, en sustitución de las policías municipales, que eran parte de los contenidos de la iniciativa presidencial que Enrique Peña Nieto envío al Congreso desde el primero de diciembre de 2014 no pasaron la aduana del Senado y se desfiguraron ante las presiones partidistas para reducirse a un mando mixto acotado.
Lo grave es que aún el mando mixto se encuentra atorado en la Cámara de Diputados y no parece haber voluntad para sacar adelante la minuta del Senado.
Mientras en el Congreso de la Unión se frena todo intento de mando único (o mixto) los crimínales siguen contando con estructuras policiacas municipales corrompidas y a su servicio. Nada ha cambiado de fondo. Los hechos de Iguala no fueron suficientes para sensibilizar a los legisladores federales y romper sus inercias e intereses. Esperamos que el «halconeo» de policías municipales para afectar a un convoy militar en Sinaloa les haga cambiar de opinión.
¿Cuántos de los delitos que se cometen en nuestro país se abrían evitado con una verdadera prevención del delito que parta de policías limpias y de proximidad social en nuestros municipios?
@RicardoMeb
@OpinionLSR