CUERNAVACA, MORELOS, 7 DE OCTUBRE DEL 2016 (WdC).- El diputado Julio Espín Navarrete presentó iniciativa para promover acciones que prevengan delitos informáticos en instituciones educativas, organizaciones de la sociedad civil y la iniciativa privada en el estado de Morelos.
El documento presentado por el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, adiciona una fracción al artículo 31 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Morelos, y obedece a la imperiosa necesidad de entender que actualmente el internet se ha hecho indispensable para la realización de un sinnúmero de actividades cotidianas y no tan sólo como vehículo de la información.
Por ello, la propuesta estima necesaria una profesionalización de los servidores públicos encargados de la difusión de una cultura de prevención, tanto al interior como al exterior de las instituciones públicas, en materia de delitos informáticos, ya que en México 55 por ciento de éstos se encuentra relacionado con los virus de computadoras y el 44 por ciento con fraudes en comercio electrónico.
La iniciativa que fue recibida por la LIII Legislatura durante la pasada sesión ordinaria y enviada para su análisis a la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, señala que el uso de internet representa un gran reto porque ofrece numerosos beneficios, pero también ha sido utilizado como vehículo para llevar a cabo conductas dañinas hacia la sociedad.
Indica que esto último ha propiciado, en el menor de los daños, la intromisión a la privacidad de las comunicaciones, pero en otros casos causa graves daños al patrimonio de las personas e inclusive da pauta a que individuos conformen bandas de delincuencia organizada.
Explica que debido a su dominio de las nuevas tecnologías, estas personas o bandas delincuenciales pueden realizar desde una computadora o dispositivo móvil conectado a internet, distintas actividades como son operaciones bancarias, publicación de información a través de redes sociales y envío de correos electrónicos, para poner en riesgo la privacidad de las personas, causarles pérdida de información o dañar la credibilidad de sus negocios.
Destaca finalmente que algunas de estas actividades ya se encuentran tipificadas en los distintos ordenamientos penales del ámbito federal o local., pero debido a que la tecnología avanza a pasos agigantados, comienzan a aparecer nuevas formas y figuras que no están contempladas en las leyes y que no pueden ser clasificadas como delitos.