La legislación y normas vigentes sobre el uso de agua potable por parte de empresas en México permite que este recurso se compre, venda y explote «como si se tratara de un bien privado abundante, mientras el Estado no pone ninguna traba» para otorgar concesiones al respecto, de acuerdo con una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
Datos recogidos de la base de datos del Registro Público de Derechos de Agua (REPDA) muestran que entre empresas mineras, embotelladoras de refrescos y agua, acereras, cerveceras, grandes empresas agrícolas, ganaderas y avícolas, inmobiliarias e energéticas, acaparan «tanta agua que, con ella, sería posible atender a comunidades completas».
(Concesiones otorgadas por el gobierno a distintos sectores económicos)
«Y mientras estas empresas y personas no tienen problemas para disponer de miles de metros cúbicos de agua al año, más de 8 millones de hogares en el país reciben agua cada tercer día, dos veces por semana o de vez en cuando, de acuerdo con el INEGI. Y en dos millones 85 mil hogares solo consiguen agua acarreándola de ríos, lagunas o arroyos», se lee.
En este sentido, se destaca que entre las mineras con más agua concesionada está Grupo México y sus subsidiarias, cuyos permisos no han sido revocados pese a distintos casos de desastre ambiental en que se ha visto envuelta. Como el derrame de 400 millones de sulfato de cobre en los ríos Bacanuchi y Sonora ocurrido en 2014.
Asimismo, se precisa que en la región sureste del país, entre las empresas que más agua tienen a su disposición están las que se dedican a la siembra de palma africana utilizada principalmente para la producción de aceite. La expansión de este cultivo ha provocado problemas de deforestación en aquella región, detalla la organización.
Al norte, sobresalen las grandes compañías agrícolas que, además, «han sido señaladas por no respetar los derechos laborales de los jornaleros que trabajan en sus campos, entre ellas San Vicente Camalú».
INCAPACIDAD GUBERNAMENTAL
«Esto ocurre más que por las fallas en el sistema de concesiones vigente en México desde 1992 -nacido a partir de la Ley de Aguas Nacionales-, por el diseño mismo de ese entramado legal y la debilidad de sucesivos gobiernos para aplicar las normas», asegura la organización.
Lo que ha derivado en «una profunda falta de información sobre cuánta agua extraen los privados, en la incapacidad gubernamental para vigilar cómo se explotan ríos y pozos», así como en la inequidad en la distribución del agua.
En adición, muchas de estas firmas se han visto beneficiadas a través de condonaciones de impuestos y subsidios para el campo. Se resalta que, por ley, las que cuentas con concesiones para uso agrícola están exentas de realizar dichos pagos.
«Los que sí deben pagar son cerca de 138 mil titulares, de los poco más de 500 mil que hay registrados» ante la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
Datos de esta dependencia hasta mayo de 2019 arrojan el registro de 50 mil 888 cuentas en el Padrón Único de Usuarios y Contribuyentes del Sistema Integral de Recaudación y Fiscalización. En otras palabras, menos del 37% de los obligados a pagar.
Lo que no es garantía de que se paguen los impuestos correspondientes, pues en 2016 al menos 32 por ciento de los sí registrados no habían contribuido, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
El actual sistema de concesiones permite que sean los propios usuarios los que declaren cuánta agua utilizan.
«La Conagua no tiene la capacidad institucional para garantizar que las concesiones se utilizan para lo que están autorizadas o si se extrae más agua de la que se declara», expone MCCI al detallar que la dependencia solo cuenta con 115 inspectores para todo el país.
«Por lo que a cada uno de ellos le tocaría vigilar poco más de 4 mil 300 concesiones. Dicho de otra manera, cada semana un inspector debe visitar 82 concesionarios».
A lo anterior, también se añade que el rezago en los trámites relacionados con las concesiones.
Eugenio Barrios Ordóñez, subdirector general de administración del agua, asegura que la Conagua tiene cerca de 130 mil trámites que no se han atendido. Entre las consecuencias de ello se cuenta «un alud de amparos» que asciende a 2 mil 577 juicios a nivel nacional que tienen a la Conagua como protagonista.
(diego joaquín)