POR: RODOLFO ACEVES JIMÉNEZ
En el marco de la apertura del Primer Periodo Ordinario de Sesiones de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, que abarca a ambas Cámaras, el Ejecutivo Federal por conducto del Secretario de Gobernación, presentó el informe de la administración a su cargo, correspondiente al cuarto año de Gobierno.
El documento citado contiene las acciones derivadas del Plan Nacional de Desarrollo, como documento rector y generador de políticas públicas, que se auxilia de los Programas Sectoriales de cada Secretaría de Estado, que articulan estas las políticas que son impulsadas por el Presupuesto de Egresos.
Una vez pasado la remoción del extitular de Hacienda, Luis Videgaray y la designación de José Antonio Meade en dicha cartera, las circunstancias económicas, -principalmente-, quizás no permitan visualizar el impacto de las once reformas estructurales, sobre todo en lo que concierne a la reforma energética, en cuyo análisis se colocaron altas expectativas para la captación de ingresos y estar en mejores condiciones en la paridad peso – dólar, así como el precio del barril de petróleo.
El Índice Democrático de los Gobiernos en América Latina que presentó en agosto de 2015 el rotativo The Economist Intelligence Unit, coloca a México en el séptimo lugar de un total de veinte, en el que señala algunas vulnerabilidades en libertades políticas y civiles.
No obstante lo anterior, la numeralia que presenta el Informe de Gobierno pudiera verse opacada por los escándalos que trascienden y es necesario colocarlos en un plano de crítico para mostrar un cara de la realidad del país.
Trasciende cuando se trata de libertades políticas y civiles a que se refiere el informe de The Economist, que persisten casos que comprometen seriamente la violación de derechos humanos en México, como Tlatlaya, Ayotzinapa, o Tanhuato, en el que se ven involucrados elementos de alguna corporación de seguridad o de las fuerzas armadas o que hay complicidad en la autoridad para no investigar.
Va más allá cuando en países de primer mundo, -a los que aspiramos en los discursos políticos-, nos tienen en un concepto de salvajes, por el grado de crueldad y sanguinario con el que se cometen delitos del alto impacto, sin que el Estado retome las riendas de la seguridad en el país. Prueba de ello son los casi 25 mil muertos en lo que va del sexenio.
Molesta cuando la administración en turno carece de un ejercicio de autocrítica y de reconocimiento a un proceder a todas luces incorrecto o inmoral, como por ejemplo, la licitación del tren México – Querétaro, la Casa Blanca y Malinalco, la fuga de El Chapo, la exoneración del PVEM, los audios de OHL, el pago del impuesto predial de una propiedad en Miami, el plagio de la tesis de licenciatura del presidente de la República, temas de una agenda que pasan de problemas de gobierno a crisis de Estado, por la vulnerabilidad en que se mantienen las instituciones y sus titulares.
A la desgastada imagen de la procuración de justicia mexicana y su verdad histórica se le agrega, el nombramiento de Tomás Zerón de Lucio, como secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional.
Este nombramiento es desacertado, toda vez que Zerón carece de un perfil profesional en seguridad y es un administrador industrial que está habilitado de mando policial, formado por necesidad de trabajo en ciencias policiales, más que egresado de una academia de seguridad. Su nombramiento es un despropósito cuando en el desempeño de sus funciones como director de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, fue señalado por el Grupo de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de manipular y alterar las evidencias sobre el caso Ayotzinapa, que abre la posibilidad que Zerón incurrió en delitos en contra de la administración de justicia.
Minutos después de haber renunciado, y como si fuera burla, el presidente de la República lo designa con un cargo en el que, si no pudo llevar a buen término y alteró las investigaciones de uno de los temas de seguridad nacional en la Agencia de Investigación Criminal, difícilmente podrá integrar los temas que no fue capaz de solucionar a la Agenda Nacional de Riesgos que en su nueva encomienda estará bajo su responsabilidad.
Nuevamente la señal que se envía es de recompensa a la incapacidad.
@racevesj