POR: JORGE ALEJANDRO MEDELLÍN
El sexenio de Enrique Peña Nieto se acaba antes de tiempo. El desgaste sufrido en la imagen presidencial rivaliza con los daños causados a la estructura de gobierno por el propio mandatario y por sus colaboradores, atrapados entre la lealtad y la falta de imaginación o la abierta incompetencia para gobernar y administrar en tiempos de crisis.
En su caída, Peña arrastra a personas y a instituciones que intentaron escapar al torbellino de desatinos que están conformando el memorial del regreso del PRI al poder desde Los Pinos.
Policía Federal, Ejército y Marina, como instituciones garantes de la seguridad pública y de la seguridad interior, atraviesan momentos oscuros en su relación con la sociedad civil y con instancias como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), convertida en una especie de Ministerio Público –sin dientes– como consecuencia del desgaste e incapacidad de la PGR para enfrentar el reto que significa la delincuencia organizada en el país.
Cuatro años de gobierno mediático y reformista, obseso en sus planteamientos y escenarios y cerrado a las críticas y advertencias para esquivar conflictos garantizados, fueron colocando a estas instituciones en los límites de la ilegalidad y en el limbo de lo jurídicamente correcto.
Las palabras Tanhuato, Nochixtlán, Tlatlaya y Ayotzinapa forman parte ya de un imaginario y de una cadena de realidades de abuso e impunidad militar y policiaca que son entendibles desde la perspectiva de la desarticulación de una estrategia anticrimen que (si la hubo) dejó de funcionar muy temprano en el sexenio como instrumento de contención contra la delincuencia en todas sus formas.
Con 14 Recomendaciones de la CNDH recibidas en esta administración, la Marina sigue sin rendir cuentas sobre los abusos de sus elementos den el norte y noreste del país, en una zona que sigue fuera del control del Estado y en donde la brutalidad de la guerra al narco sigue creando las condiciones para que mandos navales, militares y policiacos amenacen, golpeen, allanen casas y torturen o desaparezcan a civiles en las sombras.
El Ejército no está en mejor posición. Con siete Recomendaciones recibidas, la institución lleva ya el sello de la arbitrariedad y el exceso por casos como los de Tlatlaya, y carga también con un peso oscuro que liga la actuación de algunos de sus elementos con episodios de desaparición forzada como el de Ayotzinapa.
Por si fuera poco, el alto mando de la Sedena ha tenido un papel relevante en la defensa de sus soldados y en el discurso y los hechos para no permitir que se manche más a la institución que, a juicio suyo, ha actuado de manera coherente ante agresiones y situaciones límite.
Hoy, los siete militares involucrados en el caso Tlatlaya, por ejemplo, están libres luego de las acusaciones por la ejecución sumarias de al menos 11 de 22 civiles en una bodega del San Pedro Limón, en Tlatlaya, Estado de México.
Ahora, la Policía Federal se suma al cuadro de abusos graves, de probables ejecuciones sumarias tras el informe de la CNDH en el que se le señaló por la supuesta ejecución de al menos 22 civiles armados ocurrida en Tanhuato, Michoacán, quienes -según las pruebas recabadas por la comisión- recibieron disparos de policías federales por la espalda o fueron balaceados cuando ya se habían rendido.
En todos los casos que implican a las fuerzas federales, el común denominador ha sido el uso excesivo de la fuerza, la respuesta desproporcionada de militares, marinos y policías ante ataques del crimen organizado que, de acuerdo con la evidencia, tiene mayor parque y mejor armamento pero carece por completo del entrenamiento, la disciplina y la letalidad de las fuerzas armadas y federales.
En su caída, el presidente se lleva entre las espuelas a estas instituciones pese a haber prometido retirarlas del frente de batalla, reducir su presencia en las calles y evitar choques con los cárteles, privilegiando el trabajo de estructuras de inteligencia.
Los números oficiales y el trabajo de diversas instancias revelan día a día la magnitud del fracaso peñista.
El INEGI, Banxico, Coneval, la SHCP, la encuestadora Parametría, el FMI y el aparato legislativo documentan el estrépito de la economía, la pesadilla de la inseguridad, la engañosa transparencia peñista, la endeble inversión extranjera, el desastroso tipo de cambio, los humillantes niveles de pobreza y la fractura de la industria petrolera mexicana.
Quedan dos años más… ¿de qué?
@JorgeMedellin95